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Han pasado más de cuatro años desde que la vida política en Puebla cambió radicalmente con la muerte de la entonces gobernadora, Martha Erika Alonso Hidalgo y su esposo, el exgobernador y senador Rafael Moreno Valle, durante un accidente aéreo registrado en el municipio de Coronango.
Desde ese 24 de diciembre de 2018, las autoridades ministeriales, tanto federales como estatales, han mantenido firme la hipótesis que apunta a que todo se trató de una falla mecánica generada por la falta de mantenimiento del helicóptero Augusta 109, con matrícula XEA-BON, que llevaría a la pareja de Puebla hasta la Ciudad de México.
El entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que la aeronave pertenecía a la compañía Servicios Aéreos del Altiplano S.A. de C.V., mientras que el mantenimiento estaba a cargo de la empresa Rotor Flight Services.
Fue dos años después del accidente cuando la Fiscalía General del Estado dio a conocer las primeras detenciones derivadas de la investigación por la caída del helicóptero el 24 de diciembre de 2018.
En su momento, la FGE indicó que la acción penal estaba encaminada en contra de la empresa Rotor Flight Services, por lo que se detuvo al dueño y a cuatro trabajadores que presuntamente estaban a cargo del mantenimiento técnico y eléctrico del helicóptero.
Los detenidos fueron José Antonio Vázquez Torales, quien es dueño de la empresa; además fueron aprehendidos María Magdalena, Miguel, Israel y Ricardo Montiel Rodríguez, todos trabajadores de la empresa.
Entre el 10 y 28 de febrero de 2021 se llevarían a cabo dos detenciones más: la de Iris Cristina, quien era trabajadora del departamento de ventas de Rotor Flight Services y José Alonso, trabajador dedicado al mantenimiento técnico y eléctrico de los helicópteros.
El séptimo detenido fue Rafael, quien era director operativo de la compañía Servicios Aéreos del Altiplano, propietaria del helicóptero; en tanto que César Rodrigo, jefe de mantenimiento de dicha empresa, se convirtió en el noveno detenido.
Fabiola, quien era otra empleada de la empresa Rotor Flight Services, se convirtió en la décima detenida apenas a principios de esta semana; sin embargo, no será la última, pues la Fiscalía General del Estado adelantó que hay 11 órdenes de aprehensión, por lo que únicamente queda una pendiente por cumplirse
Las liberaciones
Ayer la FGE confirmó que hasta el momento tres personas de las que han sido detenidas por el caso del matrimonio Moreno Valle y de tres personas más que viajaban en el helicóptero, han sido liberadas debido al trámite de juicios de amparo para dejar sin efecto su vinculación a proceso.
Se trata de los mecánicos de Rotor Flight Services Rafael y Miguel, así como el dueño de la misma empresa José Antonio Vázquez Torales, quienes habían sido detenidos desde el 24 de diciembre de 2020.
El primero en obtener su libertad fue Miguel, quien el 17 de febrero de 2022 salió de prisión al ganar un juicio de amparo mediante el cual se le permitía seguir su proceso penal fuera de la cárcel.
Para ello Miguel tuvo que depositar una fianza de 150,000 pesos y acatar algunos términos establecidos por el juez de control, como acudir a firmar periódicamente ante la autoridad judicial.
El segundo liberado fue Ricardo, quien el 13 de mayo de 2022 obtuvo su liberación tres ganar un amparo a través del juzgado quinto de lo penal, mediante el cual se modificó su medida cautelar.
Mientras que José Antonio, el dueño de Rotor Flight Services, fue liberado apenas el 31 de enero pasado, igualmente a través de la vía del amparo que se le concedió debido a que llevaba dos años sin obtener sentencia.
A todos los imputados en este caso se les acusa de los delitos de homicidio culposo y daños en propiedad ajena a título de culpa, esto quiere decir que se le relaciona directamente con la muerte de los políticos poblanos por la supuesta negligencia en el mantenimiento de la aeronave.
A grandes rasgos, se puede decir que es equivalente a atropellar a alguien y causar su muerte, por lo que aquellos que lo han intentado, han logrado obtener un amparo que les permita seguir su proceso fuera de la cárcel, aunque esto no quiere decir que ya hayan sido exonerados de estos delitos.
