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Después de meses de discusión, la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia aprobó el dictamen para la instauración de la llamada Ley Monzón, que consiste en cuidar a los menores cuyas madres hayan sido víctimas de feminicidio, suspendiendo definitivamente la patria potestad a los padres que incurrieron en dicho delito.
El dictamen fue presentado por la iniciativa que propuso la legisladora Mónica Silva Ruíz, diputada del PT, en julio del 2022. Esta ya recibió el aval de los integrantes de la comisión para ser discutida y posteriormente aprobada el próximo jueves 2 de marzo ante pleno del Congreso del Estado.
La iniciativa pretende los cambios al Código Civil y al Código Penal del Estado de Puebla en materia de pérdida o suspensión de la patria potestad de los menores que se hayan tenido entre el feminicida y la víctima, cuando el primero sea vinculado a proceso por el ilícito. En estos casos, la custodia recaerá en los familiares de la víctima u otra persona de confianza que no esté relacionada al asesino.
Entre las modificaciones se incluirían las del artículo 628 de lo Civil, que contendrá un apartado para referir la pérdida de la guardia y custodia por parte de los tutores si estos incurrieron en el delito de feminicidio; en cuanto a las adiciones del Código Penal, en la Sección Séptima, en el rubro de Feminicidio, el artículo 338 incluirá un párrafo más al que se referirá cometer el crimen en presencia de los hijos de la víctima. Esto último tendrá como agravante el aumento de la sentencia en prisión hasta en 70 años.
La diputada promotora del proyecto de ley, Mónica Silva, detalló en su exposición de argumentos que con esta reforma se planea el cuidado de las y los menores, para no dejarlos en custodia de la persona que terminó con la vida de sus madres. Así se podrá defender la integridad y garantizar que la vida de los infantes esté alejada de la violencia y de las repercusiones que implican la orfandad.
Además, hizo el señalamiento de que no se está tocando la Ley de Asistencia Social con motivos de que los infantes en situación de orfandad por feminicidio no pueden considerarse en condición de vulnerabilidad al igual que se hace con quienes, por ejemplo, nacen con alguna discapacidad. Esto con el sustento de que se les debe tratar igual que a las víctimas directas, a quienes el estado no pudo garantizar la vida libre de violencia, ni a los menores el derecho a la familia.
“No podemos llevar a estos menores en orfandad por feminicidio, a una situación de vulnerabilidad. En dado caso, deberíamos llevarlos a la Ley de Víctimas del Estado de Puebla”, sentenció la diputada.
Por su parte, el diputado del PT, José Antonio López Ruíz, instó a que las discusiones se enfoquen en lo central, que es la protección de los menores, alejándolos de la persona que atentó y culminó con la vida de sus madres; “ese es el espíritu de la ley, yo lo veo muy claro”, afirmó López Ruíz.
Este proyecto de ley surgió como iniciativa después del asesinato de la activista y abogada, Cecilia Monzón, ocurrido en San Pedro Cholula en mayo del 2022. Este suceso tuvo como presunto autor intelectual a su ex pareja sentimental. Ante ello, quedó un menor en situación de orfandad que ahora vive con la hermana de Cecilia, Helena Mozón, también impulsora de la ley.
