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El tendedero de deudores alimentarios es una iniciativa que ha recorrido varios estados de la República impulsado por la activista Diana Luz Vázquez Ruiz, quien emprende esta actividad para impulsar iniciativas de carácter legal como la Ley Sabina, para aumentar las sanciones de los deudores alimentarios.
El tendedero que ella coloca junto con otras personas, principalmente mujeres, se basa en colocar la fotografía de algún progenitor que ha decidido evadir la pensión alimenticia que, por ley, les corresponde pagar por sus hijos.
El tendedero es una presión social que pretende hacer que los llamados deudores alimentarios, que pueden ser tanto hombres como mujeres, sean exhibidos y a través de este método cumplan con la pensión alimenticia que por múltiples motivos se niegan a pagar.
La legalidad de esta medida puede ser criticada, pero no hay un marco legal que en algún momento pueda sancionar esta actividad de forma específica, más allá de la presunción de inocencia, pues algunos podrían argumentar que un juicio de alimentos que está en curso aún no tiene una pensión alimenticia fija.
Pero más allá de que no es ilegal, el tendedero de deudores alimentarios no deja de ser una iniciativa ciudadana que es impulsada por mujeres que, junto con sus hijos, son víctimas de aquellos padres que deciden desentenderse de sus obligaciones económicas, esto sin tomar en cuenta otro tipo de desatenciones.
Pero lo que busca la Ley Sabina no es que se castigue a los deudores alimentarios, pues ya hay una legislación al respecto que, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Puebla, establece en su artículo 346 que se pueden hacer acreedores a una pena que va de los nueve meses a los seis años de prisión.
Dicha sanción se puede interponer a cualquier persona que abandone a una mujer embarazada y que, sin causa justificada, incumpla las obligaciones de prestar asistencia económica y alimentos durante el embarazo y una vez nacido el menor.
Entonces, la Ley Sabina busca que a dicho artículo le adicionen otras agravantes con la finalidad de causar verdadera presión para el deudor alimentario y que este pague la pensión alimenticia.
Hasta el momento, esta iniciativa ya se ha legislado en los congresos de Michoacán, Estado de México, Baja California y ayer fue propuesta en el Congreso del Estado de Puebla por diputadas de la bancada de Morena y Partido del Trabajo.
Entre las agravantes que se buscan adicionar al Código Penal están que el deudor alimentario sea calificado de forma negativa e ingrese en el buró de crédito, para que no pueda obtener un préstamo bancario.
También se busca que el deudor alimentario quede registrado y boletinado para que no pueda contraer matrimonio civil; que sea investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera para evitar la práctica de los prestanombres y así evadir sus responsabilidades; así como facilitar el servicio de laboratorios genéticos para el reconocimiento de paternidad por parte del Estado.
Lo más importante de esta iniciativa es crear el registro de deudores alimentarios que esté disponible por entidad federativa, mediante el cual un juez a través de un convenio judicial ingrese a padres o madres que incumplan con sus obligaciones alimentarias por más de 30 días.
A través de este registro, se harían todas las peticiones anteriormente citadas y habría un mayor control para que estas personas se pongan al corriente en sus obligaciones con sus hijos, pero además que sean boletinados sin necesidad de instalar un tendedero.
