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Más de 60 años han pasado desde que la masacre de Sharpeville generó la proliferación de normas y estándares internacionales que imponen obligaciones a los Estados para poner fin a todas las formas de discriminación por razón de raza y etnia; sin embargo, estas prácticas continúan siendo perpetuadas por diferentes instituciones.
El 21 de marzo de 1960, en la ciudad sudafricana de Sharpeville, agentes de la policía abrieron fuego contra un grupo de personas que protestaban pacíficamente contra la aprobación de la “ley de pases”, dicha norma formaba parte de la política de segregación racial creada para limitar los derechos de las personas negras y mantener la dominación de la minoría blanca.
En la masacre perdieron la vida 69 personas, entre ellas mujeres y niños, además de que otras 180 resultaron heridas al buscar frenar la legislación, que obligaba a la población negra sudafricana a llevar un pase para controlar y restringir sus desplazamientos en zonas urbanas y rurales del país.
Este acto, que se dio tras la victoria del partido ultraconservador en las elecciones de 1948, en Sudáfrica, dio comienzo a un periodo de privación de los derechos, desembocando en una oleada de protestas en el mundo y fue condenado por la Organización de las Naciones Unidas, que determinó al 21 de marzo como el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial.
La organización social, Amnistía Internacional, publicó una recopilación sobre las políticas de impunidad en fronteras que demuestran el nulo avance en materia de discriminación. Por ejemplo, la frontera sur de España con Marruecos es una zona llena de muerte y desaparecidos al estar en manos del sistema de control migratorio criminal europeo, lo que da muestra del racismo institucional que respalda y oculta las muertes de migrantes en su intento de llegar al país vasco.
Otra masacre más reciente se vivió en el puesto fronterizo del Barrio Chino de Melilla, España, el 24 de junio del año pasado. Ese día, las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes contribuyeron a que más de 100 personas fallecieran o desaparecieran.
La Relatora Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y xenofobia, afirmó que la violencia de Melilla "revela el statu quo de las fronteras de la Unión Europea, es decir, discriminación racial y violencia mortífera para impedir la entrada de personas de origen africano y de Oriente Medio, así como de otras poblaciones no blancas".
Al respecto, en México fue creado en 2004 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), como órgano del Estado mexicano responsable de velar por la protección, respeto, cumplimiento y promoción del derecho a la no discriminación.
Entre sus facultades, está la generación de información y documentación que permitan conocer y visibilizar las dimensiones y tipos de discriminación, así como las actitudes y las percepciones de la población mexicana sobre este fenómeno social.
Sin embargo, la Encuesta Nacional sobre Discriminación del 2017 señala que en México la discriminación continúa siendo un tema alarmante, pues a pesar de los avances en materia de derechos humanos, aún hay situaciones en las que se vulneran los derechos de las personas por motivos de género, raza y orientación sexual, ya que al menos 20.2 % de la población mayor de 18 años ha sido víctima de algún acto discriminatorio.
