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México registró casi 10,000 desapariciones en 2022, y acumula más de 109,000 en casi seis décadas, dice el informe anual de Amnistía Internacional (AI), publicado este martes.
"Durante el año (2022), las autoridades registraron al menos 9,826 casos de personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 6,733 eran hombres y, 3,077, mujeres", indica un apartado del informe anual 2023 de AI.
Esa cantidad de desapariciones es un nueve por ciento de las "más de 109.000 de personas desaparecidas y no localizadas en México desde 1964", agrega la organización fundada en 1961 y con sede en Londres, Reino Unido.
El recuento anual indica que, el año pasado, el Comité de la Organización de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas advirtió que a las víctimas de ese delito se suma un creciente número de cuerpos de personas halladas no identificadas.
Dicho comité expuso la "crisis forense existente en el país; las autoridades del Estado seguían teniendo bajo custodia más de 52.000 cadáveres pendientes de identificación", detalla el informe.
"La impunidad sobre esta cuestión (de las personas desaparecidas) prevalecía; según la Comisión Nacional de Búsqueda sólo se habían dictado 36 sentencias condenatorias por el delito de desaparición", indica AI.
Amnistía afirma que la Guardia Nacional utilizó "fuerza excesiva" en varias de sus operaciones.
"La militarización de la seguridad pública aumentó y la legislación consolidó la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública hasta 2028", cuestiona AI.
En ese terreno, el organismo señaló que la "falta de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información" dificulta a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias el acceso a la verdad, la justicia y la reparación.
Por otra parte, la cifra de homicidios de periodistas continuaba en niveles máximos en 2022 y muchas de las víctimas habían recibido medidas oficiales de protección.
"El año resultó ser el más mortífero de la historia para la prensa nacional. Al menos 13 periodistas fueron víctimas de homicidio en posible relación con la labor que desempeñan", detalla el documento.
Al cierre del año pasado, muchos casos de comunicadores quedaban sin investigarse de manera apropiada, y el Mecanismo de Protección para defensoras de derechos humanos y periodistas siguió sin cumplir su objetivo de salvaguardar la vida y la seguridad física de estos profesionales, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la labor de la prensa.
"En sus conferencias de prensa matutinas, el presidente criticó duramente a los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil que habían cuestionado las acciones gubernamentales", lamenta AI.
El jefe del Ejecutivo acusa con frecuencia a reporteros y activistas de organismos de la sociedad civil de ser "conservadores y opositores".
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Amnistía considera que el Gobierno siguió "estigmatizando" a las personas feministas y defensoras de los derechos humanos, que protestaban contra su inacción en materia de violencia de género y, en algunos estados, las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia a mujeres manifestantes.
El pasado 7 de marzo, víspera del Día Internacional de las Mujeres, "el presidente declaró públicamente que las feministas que iban a manifestarse se estaban preparando con marros, sopletes y bombas molotov".
El mandatario advirtió que "eso no es defender a las mujeres", sino que expresa "una postura conservadora en contra de la política de transformación del Gobierno".
Con frecuencia, dice AI, "las fuerzas militares mexicanas no protegen el derecho a la vida y la seguridad de todas las personas".
Los militares llevaban 16 años participando en las operaciones de seguridad pública y, en ese período, los homicidios habían aumentado significativamente en el país.
La Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) figuraban entre las 10 instituciones federales que recibieron el mayor número de denuncias por violaciones de derechos humanos durante el año.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 476 quejas contra la Guardia Nacional y 404 contra la SEDENA en relación con múltiples crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos, entre ellos torturas, homicidios, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
