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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó, el 8 de mayo de 2023, la primera parte del “Plan B” de la reforma electoral. La parte impugnada modificaba el término "propaganda" para que funcionarios pudieran pronunciarse durante campañas y elecciones, es decir, la veda electoral.
Fueron nueve votos a favor y dos en contra en el pleno de la SCJN. Las leyes que se buscaban reformar en la primera parte del Plan B eran Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Por violaciones graves al procedimiento legislativo, con mayoría de 9 votos, #LaCorte declara la invalidez del 1er decreto de las reformas político-electorales 22/23, que modifica las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.#ULTIMAHORA
— Suprema Corte (@SCJN) May 8, 2023
De los once integrantes del pleno, solamente las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa votaron en contra del proyecto de anulación.
Los ministros mexicanos resolvieron que hubo una violación a los artículos 71 y 72 de la constitución mexicana debido a que la iniciativa no se publicó con la anticipación debida para su discusión legislativa; es decir, no se dio a conocer a tiempo entre los parlamentarios.
El “Plan B” del presidente mexicano propone modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos.
El Pleno de #LaCorte resolvió que, por violaciones al procedimiento legislativo, el primer decreto de las reformas politico-electorales 2022/2023 es inválido.
— Suprema Corte (@SCJN) May 8, 2023
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La propuesta contempla tres ejes principales: el ejercicio de derechos político-electorales, entre los que se incluye garantizar el voto a poblaciones vulnerables y la regulación de las cuotas de paridad de género; cambios al Sistema Nacional Electoral, que incluye modificaciones al calendario de elecciones, y en materia de justicia electoral.
Las reformas proponen eliminar al personal especializado en materia electoral y la remoción adelantada del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo, así como la eliminación de la Junta General Ejecutiva, área que determinaba el manejo de recursos.
