FBI usó indebidamente vigilancia contra víctimas y sospechosos de asalto al Capitolio

FBI usó indebidamente vigilancia contra víctimas y sospechosos de asalto al Capitolio

Foto: Xinhua

El Buró Federal de Investigaciones de EEUU (FBI, por sus siglas en inglés) usó cerca de 280.000 veces una base de datos de vigilancia digital contra víctimas y sospechosos de delitos vinculados al asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio, sede del Congreso, informó este viernes el diario The Washington Post.

 

"El FBI utilizó indebidamente una base de datos creada como parte de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) más de 278.000 veces, lo que llevó al tribunal que supervisa los asuntos de la normativa a advertir a la agencia que mejore sus prácticas o se arriesgue a una intervención", dice el informe que cita una presentación judicial de abril de 2022, publicada recientemente.

 

Según el FBI, el asunto ya fue tratado y atribuyó la responsabilidad del uso indebido a un malentendido entre la agencia y los abogados del Departamento de Justicia sobre cómo utilizar correctamente la base de datos, añade el medio.

 

La base de datos es utilizada por el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional para obtener información relevante para la inteligencia extranjera o con fines de investigación, mediante una recopilación de comunicaciones electrónicas y otros datos.

 

El mes pasado, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de EEUU publicó un informe en el que se indicaba que las consultas del FBI a través de la FISA disminuyeron en 2022 tras la aplicación de los cambios en sus procedimientos.

 

El informe del diario agrega que el tribunal que supervisa la FISA advirtió que si no se ven resultados de los cambios aplicados por el FBI considerará limitar de forma sustancial el número de personal habilitado para acceder a la información de la base de datos.

 

Además de víctimas de delitos y sospechosos relacionados con los sucesos del 6 de enero, el FBI utilizó indebidamente la herramienta de vigilancia contra personas detenidas en relación con los disturbios posteriores a la muerte del afroamericano George Floyd en 2020, así como contra 19.000 donantes a un candidato al Congreso, según el documento.

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