Aprueba Congreso peruano informe que acusa a Pedro Castillo y familia por organización criminal

El Congreso de Perú ha aprobado el informe final de un caso que involucra al exmandatario Pedro Castillo y a miembros de su familia, acusándolos de formar parte de una presunta organización criminal. En consecuencia, recomiendan presentar una acusación constitucional contra ellos.

Con 59 votos a favor, 34 en contra y cuatro abstenciones, el pleno del Parlamento respaldó el informe que también incluye a la exprimera dama Lilia Paredes, así como a sus hermanos Yenifer, Walter y David Paredes.

El congresista Héctor Ventura, presidente de la comisión encargada del caso, afirmó durante la sesión que existen "elementos indiciarios" que sugieren que Castillo "presuntamente recibió dinero proveniente de actos de corrupción". Anteriormente, el informe había sido respaldado por la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, con 10 votos a favor, uno en contra y una abstención.

Además de la familia de Castillo, esta supuesta red criminal también involucra al exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado; a su exasesor Salatiel Marrufo; al exalcalde de Anguía, José Medina; y al empresario Hugo Espino. Según se sostiene, Alvarado habría entregado cuatro millones de soles (más de un millón de dólares) a Castillo, provenientes de actos ilícitos.

El informe también sugiere que la Fiscalía de la Nación emita un pronunciamiento sobre los presuntos delitos cometidos por Castillo, como organización criminal, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias, negociación incompatible y aprovechamiento indebido en el cargo.

Por su parte, Pedro Castillo ha negado reiteradamente las acusaciones en su contra y ha defendido su inocencia. Durante una audiencia virtual en marzo, enfatizó que "niego rotundamente y categóricamente que soy autor y formé parte de una red criminal" y afirmó que no ha cometido ningún delito.

Actualmente, Castillo enfrenta 18 meses de prisión preventiva por el supuesto delito de rebelión y 36 meses por ser el presunto cabecilla de una organización criminal que operaba en el Palacio durante su breve mandato como presidente.