¿La sociedad poblana es realmente tan “mocha” como se cree?

¿La sociedad poblana es realmente tan “mocha” como se cree?

Foto: Enfoque

Cuántas veces hemos escuchado decir que en Puebla somos "mochos". Esto se debe a que las personas que visitan nuestro estado tienen la impresión de que aquí prevalece un pensamiento retrógrado. Aunque es cierto que durante muchos años Puebla se ha destacado por su inclinación conservadora, ¿han cambiado los poblanos?

 

Para muchas personas, esto está relacionado con la religión, ya que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 90 % de la población en el estado se declara practicante de alguna religión. Esto contribuye a crear el mito de la supuesta ideología conservadora en Puebla. Si bien profesar un credo no convierte automáticamente a una persona en retrógrada, existen grupos conservadores que se resisten a aceptar ideologías modernas.

 

En este sentido, no son pocas las ocasiones en las que la sociedad poblana muestra resistencia a tolerar a minorías, como la comunidad LGBTTTIQ+, que celebra el "Mes del Orgullo" este mes.

 

 

¿Qué dicen las cifras al respecto? Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) de 2022, el 45.5 % de la población de 18 años o más en Puebla no está de acuerdo con que las parejas del mismo sexo puedan adoptar menores. Además, la entidad experimentó un aumento en las experiencias de discriminación en comparación con el censo de 2017. En total, el 30.6 % de la población adulta informó haber tenido al menos una experiencia negativa, en comparación con el 28.4% que lo declaró cinco años antes.

 

Por otro lado, la plataforma "Visible", que se utiliza para denunciar actos discriminatorios en todo el país, ha registrado nueve casos de marginación en Puebla en lo que va de 2023, principalmente en personas de 31 a 35 años. Los hombres homosexuales, las mujeres trans y las personas no binarias fueron los más discriminados. Dos de los responsables eran empleadores en el lugar de trabajo.

 

Más allá de las estadísticas, en los últimos años siguen siendo comunes los casos de segregación o señalamiento por cuestiones de orientación sexual o identidad de género, incluso en espacios públicos.

 

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El 12 de mayo pasado, se dio a conocer el caso de un guardia de seguridad en la plaza Paseo San Francisco que prohibió a una pareja de hombres besarse dentro del centro comercial. Esto generó descontento entre las personas y, como respuesta, miembros de la comunidad organizaron un "besatón", donde varias parejas se besaron en el lugar.

 

El 31 de mayo de 2022, una pareja gay denunció a una jueza del registro civil que se negó a casarlos, no solo por su orientación sexual, sino también porque viven con VIH. Desde noviembre de 2020, el Congreso local aprobó reformas al Código Civil del estado para garantizar el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero la jueza se los negó, por lo que tuvieron que recurrir a un amparo para poder hacerlo.

 

Hace más de diez años, en 2012, ocurrió uno de los casos más indignantes en Puebla con el asesinato de la activista Agnes Torres, una sicóloga especializada en identidad de género y derechos reproductivos. Su cuerpo fue encontrado en una barranca con signos de extrema violencia, incluyendo quemaduras y una herida en el cuello que causó su muerte por desangramiento.

 

 

Este caso fue considerado un crimen de odio que sentó un precedente para el reconocimiento de las personas transgénero en Puebla. Como resultado del asesinato de la activista, se propuso y aprobó la llamada "Ley Agnes" el 25 de febrero de 2021, la cual reconoce a las personas trans en el estado y les otorga el derecho de cambiar su género en sus documentos de identificación legal.

 

Una de las discusiones más recientes gira en torno al reconocimiento de la identidad de género en las personas trans desde la infancia. En marzo del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el requisito en Puebla que exigía alcanzar la mayoría de edad para que una persona pudiera cambiar su identidad en los documentos oficiales, considerándolo una violación a la identidad de las infancias y adolescencias.

 

A pesar de esto, 15 meses después de dicha resolución, el Congreso aún no ha resuelto este asunto, incluso habiendo recibido un plazo de un año por parte del máximo tribunal para hacerlo, lo que los coloca en desacato. El presidente de los legisladores, Eduardo Castillo López, afirma que el tema no ha progresado debido a la falta de consenso entre los diputados.

 

Este problema se agravó cuando la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia presentó una iniciativa para sancionar a aquellos que promuevan el cambio de identidad antes de los 18 años. No es un problema exclusivo de Puebla, ya que en la Ciudad de México, considerada más progresista, también se presentó una propuesta con intenciones similares.

 

A pesar de los avances en materia de igualdad de derechos, oportunidades e inclusión, tanto la sociedad poblana como algunos sectores de la clase política del estado han demostrado tener ideales contrarios a las ideologías modernas en algunos aspectos.

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