La división de poderes en México, una constante más allá de AMLO

Una vez más, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó una de las iniciativas más criticadas del presidente Andrés Manuel López Obrador al derogar la segunda parte del "Plan B" de la Reforma Electoral. Esto generó descontento entre los simpatizantes de Morena y el propio mandatario, pero para otro sector fue un ejemplo de la división de poderes. 

El 22 de junio pasado, la SCJN invalidó la segunda parte del "Plan B", que consistía en seis reformas electorales destinadas a modificar leyes secundarias. Estas reformas fueron aprobadas por los legisladores de Morena en una sesión sin la participación de senadores de otras bancadas, y se llevaron a cabo en cuestión de minutos, sin discusión u oposición. 

El máximo tribunal judicial anuló este paquete de reformas no por su contenido, ya que ni siquiera se discutió a fondo, sino debido a los vicios de forma en su aprobación y las irregularidades que se presentaron. En el pleno de la Corte, nueve ministros votaron a favor de invalidar estas leyes, incluido Arturo Zaldívar, quien había respaldado otras propuestas de AMLO. Las únicas en contra de la nulidad fueron Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz. 

Como en ocasiones anteriores, el presidente volvió a criticar a la SCJN y afirmó que no servían al pueblo, sino a otros intereses. Sin embargo, para muchos, esto es un indicativo de que en México aún existe la división entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Esta no es la primera vez que se observa conflicto entre la Corte y la administración de AMLO. A pesar de que el mandatario lo presenta como un conflicto personal, la realidad es que la Corte ha actuado de la misma manera en otros tiempos y contra iniciativas que él mismo criticó en su momento. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se presentaron situaciones similares con la SCJN, donde se revirtieron las propuestas del entonces presidente. 

Un ejemplo de ello es la Ley de Seguridad Interior, a la cual AMLO se oponía. En 2017, la Corte invalidó completamente dicha ley por considerarla inconstitucional. El proyecto quería modificar el artículo 89 de la Constitución para que el Ejecutivo pudiera disponer de las fuerzas armadas, pero no se establecía legislación en materia, por lo que fue derogado. 

Otro caso ocurrió con la Reforma Energética promulgada durante la administración de EPN. Esta reforma abría la posibilidad de otorgar concesiones a empresas privadas en el sector energético, y se planteaba hacer una consulta ciudadana para conocer la opinión al respecto. La Corte resolvió en 2014 que esto era inconstitucional, ya que no se pueden someter a consulta popular las acciones de ingresos del estado. 

Asimismo, se revocó la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesta por el expresidente priista. Aunque esta reforma fue aprobada en 2017, en octubre de 2022 fue discutida por el pleno de la Corte y derribada por violar el proceso legislativo y vulnerar los derechos de las audiencias. 

Durante el sexenio de Felipe Calderón también se produjeron enfrentamientos entre el mandatario y la SCJN. Uno de estos casos fue el de Florence Cassez, donde el entonces presidente se oponía a su liberación, mientras que algunos ministros como Zaldívar y Olga Sánchez Cordero la defendían. Estos desacuerdos incluso llevaron a una supuesta amenaza a Zaldívar con el uso de fuerzas armadas. 

Estos son solo algunos ejemplos en los que la máxima instancia de justicia del país se ha pronunciado en contra de proyectos o mandatos del poder Ejecutivo y Legislativo. Dichas decisiones no se basan en motivaciones partidistas y no se limitan a los sexenios de Peña Nieto o AMLO, sino que se fundamentan en argumentos constitucionales, dejando claro que la interpretación y aplicación de la ley es su principal objetivo.