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El 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, un derecho que han peleado mujeres en todo el mundo, algunas con victorias importante, pero muchas más que continúan rezagadas y criminalizadas por decidir sobre sus cuerpos. La iniciativa surgió durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se celebró en Argentina.
En Latinoamérica es legal en países como Colombia, Argentina, Uruguay y Cuba, variando la permisión entre la semana 12 y 14 del embarazo, pero siempre disponible. En México solo hay 12 estados que permiten el aborto; Puebla no figura entre estos, lo que acarrea varias consecuencias para las mujeres.
A pesar de que el pasado 6 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo oficial la inconstitucionalidad de penalizar del aborto debido a un amparo promovido por una asociación civil, en Puebla no se ha legislado. La última iniciativa que se presentó fue de la diputada del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruiz, pero no tuvo avances y tampoco hay certeza de que se apruebe, ya que al momento de presentarla solo tenía 16 votos de los 21 necesarios.
Debido a la falta de leyes que garanticen el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, las mujeres en Puebla todavía son juzgadas por ejercer sus derechos reproductivos. Una de las principales repercusiones se ve en la salud de las mujeres, ya que el hecho de que no sea legal no significa que los abortos no se practiquen.
De acuerdo con la organización 'Médicos sin fronteras', el aborto no seguro es una de las cuatro principales causas de muerte en el mundo junto con las hemorragias, infecciones y presión sanguínea alta. Aproximadamente, 22,000 mujeres fallecen cada año al tratar de practicarse un aborto no seguro, mientras que otras terminan con heridas graves que terminan en una discapacidad.
Dicha organización advierte que cada año se llevan a cabo 73 millones de abortos, de los cuales 35 millones son de manera clandestina y no segura, sin el personal, equipo o entorno de salud mínimo necesario. Esto hace que las personas gestantes estén más expuestas a morir en medio del proceso o a padecer infecciones y lesiones.
Por otra parte, según Amnistía Internacional, el hecho de obligar a una mujer a terminar un embarazo representa una clara violación a sus derechos humanos, pues se vulneran las garantías sexuales y reproductivas. También se transgreden los derechos de autonomía y de autodeterminación sobre el cuerpo y la maternidad. También se violan los derechos de igualdad de protección ante la ley y el derecho a una vida libre de violencia.
Esto también tiene repercusiones para la vida de las menores de edad, pues al forzarlas a concluir con embarazos que generalmente son producto de violaciones y abusos sexuales, se ven cambios drásticos a nivel fisiológicos, sumado a los traumas y daños sicológicos. Aunado a esto hay afectaciones en el desarrollo social, ya que al ser madres a tan temprana edad las menores comúnmente son víctimas de escrutinio, tienen sentimientos de vergüenza y desarrollan baja autoestima.
Por último, el problema más grave está en que se continúa perpetuando la criminalización de las mujeres. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que ganó el amparo antes mencionado ante la SCJN, explicó que no despenalizar el aborto es materializar la idea de que las mujeres tienen la función obligatoria de convertirse en madres, inclusive si el embarazo se dio en contra de su voluntad.
No legalizar la interrupción del embarazo no solo afecta a las mujeres, sino a todas las personas que son parte de su proceso, ya sea otras mujeres o médicos que enfrentan problemas con la ley por ayudar a concretar un aborto. Investigaciones de GIRE sostienen que entre el 2007 y el 2016 se reportaban 83 mujeres en prisión preventiva por el delito de aborto, 44 mujeres (1 en Puebla) y 33 hombres (4 en Puebla). Otras 53 personas recibieron sentencia firme, repartidas en 18 mujeres y 34 hombres (sin datos de Puebla).
En un dato más reciente, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en 2021 había 122 mujeres privadas de su libertad por haber abortado. El estado con más mujeres encarceladas era Jalisco, con 22, mientras que en Puebla se contaban nueve presas por abortar.
Las consecuencias de seguir criminalizando a las mujeres son diversas y siempre terminan menoscabando derechos humanos fundamentales, pero sobre todo vidas que se ven afectadas. Despenalizar el aborto es un paso más hacia la equidad de derechos reproductivos de las mujeres, pues con esto se protege la garantía de que la maternidad sea una deseada o no sea.
