En los últimos años se han hecho más evidentes y, a la par, se han denunciado más las diferentes formas de violencia que viven las mujeres, aunque siempre hay circunstancias que escapan de la ley y que las dejan vulnerables. Uno de estos casos se ven en el daño al patrimonio, pues si bien se incluye en el Código Penal del Estado (CPE), no está abordado con una perspectiva de género.
Esto es algo que vivió Matilde Roldán Castillo, quien comentó en entrevista con Imagen Poblana cuál es la iniciativa de ley que está impulsando en el Congreso del Estado para que se castigue el despojo patrimonial, con una mirada de género que proteja a las mujeres. Explicó que busca ayudar a quienes atraviesan por situaciones similares, a través de la conformación de un colectivo que brinde asesoría legal y acompañamiento.
Matilde Roldán es una empresaria panadera oriunda de San Pedro Cholula y hoy busca impulsar una iniciativa para castigar el daño patrimonial y tipificarlo como delito cuando se comete contra una mujer en razón de género. La reforma de ley ya fue presentada en el pleno del Congreso de la LXI Legislatura el pasado 5 de octubre, gracias al diputado Fernando Morales de Movimiento Ciudadano, y al Consejo Consultivo Ciudadano: Pensando en Puebla.
La iniciativa de más de 20 hojas tiene por nombre Responsabilidad de Daño Patrimonial en Razón de Género, aunque al ser una lucha iniciada y materializada en gran parte por ella, se pretende que lleve por nombre Ley Matilde. Consiste en que el despojo de patrimonio contra mujeres, ya sean bienes muebles o inmuebles como terrenos, casas, locales comerciales, hasta empresas, sociedades corporativas y documentos personales de identificación, sea considerado un delito que se juzgue con perspectiva de género.
Se plantean reformas al CPE y a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que el daño patrimonial se estipule como un delito y las penas se eleven de siete a diez años de prisión. También se contempla este delito cuando hay comisión de familiares, ya que este escenario es común cuando fallece una persona y un pariente intenta apoderarse de lo que por ley le pertenece a alguien más.
“Es una violencia silenciosa, no solamente porque viene de parte de los hombres, sino que te quitan tu casa, terreno, sociedad o empresa, pero también nos hemos enfocado en casos donde quitan actas de nacimiento, actas constitutivas, sobre todo cuando vienen de una herencia y se atreven a quitarte lo poco que te queda”, acusó Matilde.
Hasta el momento, tiene conocimiento de 23 casos de mujeres que han sido despojadas de su patrimonio; sin embargo, reconoció que es muy probable que haya más personas en esta situación que aún no se atreven a alzar la voz, ya sea por desconocimiento o por miedo.
Aunque tiene menos de un mes que la iniciativa entró a discusión, Matilde dijo que espera su aprobación en este periodo legislativo, es decir, antes del próximo 15 de diciembre. De ser así, esta ley se sumaría a otras recientes que ya procuran la administración de justicia para las mujeres, como la Ley de Violencia Vicaria, la Ley de Violencia Ácida o la Ley Monzón, todas aprobadas en esta legislatura.
La ley es apenas el primer paso, ya que Matilde y las personas que la han ayudado saben que estas situaciones siguen sucediendo, por lo que es importante la conformación de un colectivo que ayude a las mujeres poblanas a salir adelante y pronunciarse sobre este tipo de violencia. Dijo que actualmente no existe formalmente, ya que están haciendo una planeación para elegir el nombre y la forma en que brindarán asesorías legales.
El origen de la Ley Matilde
Como otras leyes de esta naturaleza, el principal motivo de esta iniciativa es que Matilde Roldán fue víctima de despojo patrimonial luego de que su padre enfermó y heredó su empresa, Panadería La Blanca, a ella y a su hermana. En medio del duelo, su primo, quien también era socio, aprovechó el contexto para apoderarse de la empresa por completo sin previo aviso.
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De un día para otro una empresa que pertenecía a seis personas, la mayoría de ellas ya fallecida, pasó a ser única y exclusivamente de su primo. Cuando trató de entender cómo sucedió esto, Matilde se dio cuenta de que la mayoría de los movimientos fueron posibles gracias a la corrupción en notarías que desaparecieron el corporativo y se lo asignaron al nuevo dueño.
Explicó que con esto pudo acudir al Ayuntamiento y a diferentes instancias como la CFE, con los servicios de agua y al predial para reiterar su apoderamiento legal de la empresa. A medida que siguió indagando le comentaron que, en efecto, para borrar registros y poder constituirse como el único dueño tuvo que cometer múltiples actos de corrupción que fueron solapados por servidores públicos.
Luego de un peregrinar de dos años y medios, Matilde y su hermana lograron recuperar lo que por ley les pertenece, no sin antes darse cuenta de que las mujeres son más vulnerables a sufrir este tipo de violencia sin mayores repercusiones.
