Alexis Sánchez Cabanzo: un infante más víctima de la desaparición

El 2 de diciembre de 2021 era un día normal para Refugia Cabanzo Montalvo, en el que asistió a un acto en la escuela Agustín Melgar, en la comunidad de Izhuapa, en el municipio de Zoquitlán, Puebla. Refugia se volteó unos minutos para poner el suéter a su hija menor, pero al volver la mirada se dio cuenta de que ya no estaba uno de sus hijos, Alexis Sánchez Montalvo, de apenas tres años.

Aquel 2 de diciembre fue el último día en que Refugia Cabanzo, o el padre del menor Carlos Sánchez Sánchez, vieron a su hijo Alexis, pues desde ese momento se sumó a la lista de personas desaparecidas en México y en Puebla. No conforme con el trauma sufrido tras la pérdida del menor, Refugia y Carlos fueron víctimas de un segundo atropello: las omisiones de las autoridades.

A Refugia Cabanzo la acompañan diferentes organizaciones que le ayudan a tener la asesoría legal adecuada. Una de estas instancias es el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

En entrevista para Imagen Poblana, Alexia Martínez Montalbán, responsable del Observatorio de Desaparición de Personas del IDHIE, comentó cómo han acompañado el caso y de qué manera las autoridades entorpecieron las investigaciones. También abundó cuál es el panorama de las infancias que son víctimas de la desaparición forzada en Puebla.

Alexia detalló que la parte encargada de la asesoría legal es la Clínica Jurídica Minerva Calderón (CJMC), mientras que el IDHIE hace el análisis de cómo se ha investigado la desaparición de Alexis. En este sentido, aseguró que en el caso observaron cómo el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la fiscalía especializada en desaparición de personas, revictimizó a la familia de Alexis.

En un análisis presentado sobre las investigaciones, el IDHIE señaló que, en primer lugar, la familia tuvo que trasladarse por casi 200 kilómetros en carretera sólo para levantar la denuncia. Aunado a esto, el fiscal especializado, Alejandro García Badiola, insinuó que la familia estaba implicada en el suceso, por lo que a Refugia le hicieron un examen sicológico para evaluar si en verdad sufrió la pérdida de su hijo.

Por otra parte, al personal ministerial también le faltó perspectiva victimal hacia los padres y a Ángel, uno de los hermanos de Alexis y la última persona que lo vio, pues al momento de hacer los interrogatorios no tuvieron el tacto adecuado con el niño, dando como resultado que lo etiquetaran como “poco colaborador”.

En lo posterior, las investigaciones no se llevaron con la seriedad necesaria, al grado de que ni siquiera se emitió la “Alerta Amber” sino hasta casi dos meses después, el 26 de enero del 2022.

Algo que también no se consideró fue el lugar donde vivía Alexis, Izhuapa, en Zoquitlán, una comunidad indígena de la Sierra Negra donde la mayoría de habitantes habla náhuatl. Al momento de su desaparición, Alexis hablaba en náhuatl y cuando se emitió la ficha de búsqueda esta solo circuló en español, no en la lengua que habla la mayor parte de la población.

De igual manera, cuando se hicieron labores de búsqueda en campo los agentes de investigación nunca fueron acompañados de alguien que interpretara el náhuatl para hablar con la gente de Izhuapa; cuando intervino, la Comisión de Búsqueda trabajó sin el personal o equipo necesario e hicieron acciones repetitivas e innecesarias.

En medio de todo esto, a la familia nunca se le informó sobre este tipo de acciones de búsqueda, algo que debían saber por derecho, pero nunca se les dio parte de cómo trabajó la fiscalía o la comisión.

No fue hasta hace unas semanas que la FGE presentó un plan con nueve acciones de investigación a las abogadas de la CJMC. Alexia explicó que en este ya se incluye una ficha de búsqueda en náhuatl y otras consideraciones que en este momento no pudo revelar, pero sí pidió que haya más colaboración entre la FGE y la Comisión de Búsqueda para dar con el paradero de Alexis.

“Nosotras desde el IDHIE y la clínica jurídica hacemos un llamado a que la FGE y la Comisión de Búsqueda de Personas trabajen de forma colaborativa, porque hay información de la fiscalía que debe tener la Comisión de Búsqueda, y viceversa, a fin de que se busque adecuadamente a Alexis”, dijo Alexia.

Si bien son el IDHIE y la CJMC los que hoy acompañan mayormente a Refugia y su familia, la primera persona que la ayudó fue María Luisa Núñez Barojas, fundadora del colectivo “Voz de los Desaparecidos en Puebla”. Habló para Imagen Poblana y dijo que la familia se acercó al colectivo tras casi un mes de que desapareció el menor, por lo que fueron ellos los primeros en ayudarles y darles asesoría legal, así como difusión de su caso.

“Hasta el momento estamos como al principio”, afirmó la activista, reiterando que hoy la información obtenida por las investigaciones para encontrar al menor es nula. Sostuvo que estos dos años han sido desgastantes para la familia que sigue a la espera de una respuesta, y también para quienes están cerca del caso.

Hizo énfasis en que en este hecho las autoridades no tienen la oportunidad de decir, como se hace en otras ocasiones, que la víctima “andaba en malos pasos” o “se fue con la novia”, “se trató de un ajuste de cuentas”, “fueron reclutadas por el crimen organizado” o “andaba de parranda”.

Respecto a las negligencias en las indagatorias, María Luisa sostuvo que, a pesar de toda la lucha que han hecho como colectivo, las autoridades todavía son omisas en muchos aspectos y el caso de Alexis no fue la excepción. Explicó que, para empezar, la Alerta Amber se activó posterior a que ellos empezaron a intervenir en el caso, pero también notó lo mismo que dijo Alexia, que no había una investigación acorde a las necesidades del menor ni adecuada para la comunidad.

María Luisa señaló que la persona responsable de entorpecer el proceso fue una agente del Ministerio Público, Cinthia Ramírez, quien tuvo el caso por casi año y medio y poco hizo para resolverlo. También puso responsabilidad en el fiscal Alejandro García Badiola, pues toleró las omisiones que hubo en las investigaciones sin intervenir.

Nuestra entrevistada afirmó que las autoridades, como la fiscalía o los ministerios públicos, se muestran descontentos cuando colectivos como Voz de los Desaparecidos señalan sus omisiones y su responsabilidad en los sucesos no resueltos, pero si no fuera así nadie presionaría para cambiar la situación.

“Les molesta que exhiban sus omisiones, sus inacciones, claro que les incomoda, ¿qué tanto? No lo sé, porque nunca te lo van a decir. Claro que les molesta, pero no les importa porque las cosas siguen sin hacerse”, dijo María Luisa.

Algo en lo que coinciden Alexia y María Luisa es que con el cambio de titular en la Comisión de Búsqueda, ahora teniendo a Luis Javier Cervantes Gómez a la cabeza, se nota una mayor predisposición a trabajar de diferente manera y a colaborar con la sociedad. Están al tanto del caso de Alexis, se han puesto en contacto con la familia e incluso acudieron al municipio para seguir adelante con las investigaciones.

La lejanía del Izhuapa y las condiciones de infraestructura, como la poca señal de teléfono o lo costoso que resulta venir a la capital poblana, han hecho difícil la comunicación entre el colectivo Voz de los Desaparecidos y el IDHIE con Refugia Cabanzo. En Imagen Poblana tratamos de conseguir una declaración suya pero, por los mismos motivos, al momento de redactar esta nota no fue posible entablar comunicación con ella.

La desaparición forzada: el crimen perfecto que también afecta a las infancias

Alexia Martínez refirió que el caso de Alexis Sánchez Cabanzo sólo representa una parte de lo que es la desaparición forzada de niñas, niños y adolescentes (NNA) en Puebla. Este es un problema que ha ido en aumento, algo que se refleja en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y en la propia Comisión de Búsqueda.

Respecto al grupo más vulnerable a este crimen, Alexia aseguró que las niñas y las adolescentes de los 10 a los 15 años son las más expuestas a ser víctimas de desaparición. En el caso de los varones el tema es diferente, ya que a ellos se les desaparece mayormente sin importar su edad.

Un caso similar al de Alexis es el de Rafael Huerta Vega, quien fue visto por última vez el 6 de octubre del 2020 en la colonia Playas del Sur, en aquel momento con sólo 12 años; hasta la fecha se desconoce su paradero y, como en la mayoría de los casos, las investigaciones han sido poco fructíferas.

Alexia afirmó que, de acuerdo al RNPDNO, tan solo este año hasta el 26 de noviembre se tenía conocimiento de la desaparición de 168 hombres y 357 mujeres de los cero a los 18 años, un incremento considerable si se toma en cuenta que en 2022 se registraron, en todo el año, un total de ocho hombres y 11 mujeres. El municipio donde se dan más desapariciones es Puebla, por factores como la densidad poblacional, entre otros.

“Este incremento en la desaparición de niñas, niños y adolescentes nos parece muy preocupante y nos habla de que no se está atendiendo de manera estructural las condiciones que están haciendo que los menores desaparezcan y permanezcan desaparecidos”, aseveró.

En muchos de los casos también se ha visto como la activación de la Alerta Amber es tardía, a pesar de que es uno de los mecanismos más importantes. Al cuestionar a Alexia si esto se hace como un intento del gobierno para maquillar cifras, comentó que las autoridades tienen la obligación de reconocer las desapariciones como lo que son y no deben tratar de eludirlas y deben buscar a todas las personas desaparecidas, independientemente de cuál sea el motivo de su ausencia.

María Luisa Núñez, por el contrario, no duda que la razón por la que se omiten pasos importantes, como el encendido de la Alerta Amber, es para maquillar cifras y disminuir el número real de personas desaparecidas.

“Si no tenemos confianza porque nos consta que no hacen el trabajo de manera correcta, pues cómo les vamos a tener confianza de que están alimentando de manera objetiva y real el registro, menos ahorita que se está metiendo tanta mano desde el gobierno federal. Si antes no era confiable el registro, pues ahora menos”, dijo María Luisa.

Dada la naturaleza de este delito y las investigaciones deficientes, sin perspectiva de género o carentes de enfoque intercultural, Alexia afirmó que no hay forma de saber para qué se están llevando a las infancias. Si bien se cree que se relaciona con otros ilícitos como la trata de personas para explotación sexual, feminicidios, homicidios o para trabajos forzados, no hay indicios claros sobre cómo terminan las víctimas y con qué otros delitos se conecta la desaparición forzada.

Esto da como resultado que en Puebla nos encontramos en un contexto de casi total impunidad, pues ni siquiera se tiene demasiadas sentencias sobre desapariciones forzadas que lleven a la localización de las víctimas. La más reciente se logró por el caso de la desaparición de Betzabé Alvarado Gallardo y Fabiola Narváez Rojas, vistas por última vez el 13 de enero del 2021 en Villa Frontera.

Alexia finalizó refiriéndose a un informe del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU en el que hicieron un análisis de la desaparición forzada de personas en México y catalogaron este problema como “un paradigma del crimen perfecto”. Impunidad en todos los ámbitos, falta de castigos a los presuntos responsables e investigaciones sin las perspectivas adecuadas, son factores que influyen en casos como el de Alexis Sánchez Cabanzo y hacen que la desaparición forzada de personas en México sea el crimen perfecto.