A cuentagotas, justicia para víctimas abusadas por líderes de culto

Un líder de culto está en la mira por un intento de abuso sexual sobre un menor, en esta ocasión en el municipio de Aquixtla, en la Sierra Norte de Puebla. En un video se observa cómo la víctima de nombre Abner, de siete años, es llevada por un sacerdote de nombre Gerardo Espinoza Rubí, pero fue sorprendido en flagrancia por su madre, quien puso una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Desde entonces la madre, Esperanza Martínez, ha señalado que las autoridades y el clero han protegido al presunto culpable, pues la iglesia solamente lo suspendió temporalmente de sus funciones, pero siguió pagándole sueldo, además de que le ayudaron con defensa legal. A esto se suma que, gracias a un amparo, Gerardo fue liberado este año, por lo que se le tuvo que emitir una nueva orden de aprehensión.

No obstante, a más de dos años de los hechos, el presunto abusador no ha recibido una sentencia y todavía es respaldado por la iglesia, incluso cuando hay indicios de que pudo haber abusado de otros diez menores. La madre ha pedido al juez que no dejen libre al sacerdote y que le apliquen la sentencia máxima, sin importar de que se trate de un líder religioso.

Y es que, a pesar de que constantemente se dan a conocer casos de sacerdotes o guías espirituales que cometen abusos aprovechándose de su posición sobre sus seguidores, en muchos casos las víctimas no tienen acceso a la justicia y ven cómo su agresor sale impune. En cambio, son pocos los casos en que los abusadores son sentenciados con sanciones acorde a la gravedad de los actos.

Ejemplo de ello es el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naason Joaquín García, quien fue acusado de, por lo menos, 26 delitos graves, incluyendo nueve cargos de pornografía infantil, abuso sexual de menores, incluida una niña de 15 años, así como de tráfico de menores. Naason fue detenido por agentes del FBI el 5 junio del 2019 en Los Ángeles, California, y tras años de juicio, fue condenado.

Sin embargo, a pesar de que él mismo se declaró culpable de tres cargos de abuso contra menores de edad, no recibió la sentencia máxima que pedían las víctimas, ya que llegó a un arreglo con las autoridades estadounidenses. En total, Naason Joaquín García fue sentenciado a 16 años y ocho meses de prisión el pasado 8 de junio del 2022, mientras que su cómplice, Alondra Ocampo, solo recibió cuatro años de sentencia.

Por otra parte, el año pasado en Puebla también se sentó un precedente sobre un pastor que abusó sexualmente de una menor de edad. Los hechos ocurrieron en septiembre del 2014, cuando el pastor de nombre Moisés N, perteneciente a una iglesia cristiana, se aprovechó durante meses de una menor que acudía con frecuencia al sitio, hasta que en febrero del 2015 su madre se enteró e iniciaron la pelea legal contra el responsable.

Tuvieron que pasar siete años para que la víctima y su familia tuvieran acceso a la justicia, toda vez que, hasta marzo del 2022, la FGE avisó que Moisés recibió una sentencia de 13 años y nueve meses por el delito de violación equiparada, además de que se le obligó a pagar reparación del daño moral y material.

Otro caso en el que se logró una sentencia fue el del exsacerdote y maestro Jorge Raúl Villegas, del Colegio Atenas de Irapuato, Guanajuato. A él lo acusaron de delitos como abuso sexual de menores, corrupción de menores, violación equiparada y hostigamiento sexual, hechos registrados en 2016, cuando las madres de las víctimas pusieron una denuncia contra el abusador.

En total se tuvo conocimiento de cinco víctimas, incluidas dos niñas de 14 años, por lo que en 2018 se le dictó una condena de 90 años y siete meses de prisión; no obstante, tras una revisión de su sentencia en la que se determinó que hubo dolo en sus actos, el Poder Judicial de Guanajuato extendió su sentencia a 117 años de prisión, es decir, el máximo para cada uno de los cinco casos.

Uno de los más recientes fue el del pastor de Nuevo León, Jonathan Armando N., de 39 años, a quien acusaron de abusar sexualmente de sus feligreses entre 2015 y 2020, todo en el municipio de Cadereyta. Al conocerse el caso, la Fiscalía del Estado inició sus investigaciones, en las que determinaron que se valió de sus relaciones de confianza para manipular a sus fieles y abusar de ellos.

Tras ser detenido en agosto del 2020, Jonathan Armando fue sentenciado a 37 años de prisión el pasado 13 de noviembre. Los cargos imputados fueron violación equiparada, intento de violación y abuso sexual, todo respaldado con pruebas documentales y dictámenes periciales que determinaron su participación en los hechos.