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A pesar de los riesgos ambientales y de seguridad que implica, la pirotecnia se ha convertido en un elemento infaltable en las celebraciones navideñas de los poblanos, quienes la adquieren y la detonan sin ningún tipo de regulación ni consecuencia.
La venta clandestina de cohetes, palomas, chifladores, volcanes y otros artefactos explosivos se ha incrementado en las últimas semanas, tanto en el centro histórico como en las juntas auxiliares y colonias populares de la ciudad.
Los comerciantes informales aprovechan la alta demanda y la falta de vigilancia para ofrecer sus productos en puestos improvisados, sin permisos ni medidas de seguridad.
La pirotecnia no solo representa un peligro para quienes la manipulan, sino también para el medioambiente y la salud pública.
Al explotar, los fuegos artificiales liberan gases y partículas contaminantes que se acumulan en el aire y afectan la calidad del mismo.
De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Puebla (SIMAT), los niveles de contaminación se han mantenido estables, según los puntos IMECA en algunas estaciones.
Sin embargo, el ruido que generan los cohetes causa estrés y ansiedad en las personas, especialmente en los niños, los adultos mayores y las personas con autismo.
También afecta a los animales domésticos y silvestres, que pueden sufrir alteraciones en su comportamiento, pérdida de orientación, daños auditivos e incluso la muerte.
A pesar de estas consecuencias, las autoridades municipales y estatales han mostrado una actitud permisiva y tolerante ante el uso y venta de pirotecnia.
Según confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla a Imagen Poblana, durante el último fin de semana no se han aplicado sanciones ni multas a los infractores, así como denuncias ciudadanas que se han presentado a través de las líneas de emergencia 911 y 072.
Ante este panorama, diversos sectores de la sociedad, incluyendo las mismas autoridades, hacen un llamado a la población para evitar el uso de pirotecnia y optar por otras formas de celebración que no pongan en riesgo la vida, la salud y el entorno.
Por parte de la sociedad, el exhorto hacia las autoridades es que cumplan con su responsabilidad de garanticen el orden y la seguridad pública, y que sancionen a quienes violen la normatividad vigente, que son de tipo administrativas.
