En España, Aditya Verma, un joven británico, enfrentó un juicio este lunes por causar una alerta de seguridad en el país debido a una falsa alarma de bomba en un avión en 2022, según informaron los medios locales.
El incidente ocurrió el 3 de julio de ese año, cuando Verma, entonces de 18 años, viajaba con amigos de Londres a la isla española de Menorca: sin embargo, antes de abordar su vuelo en el aeropuerto de Gatwick, envió un mensaje en tono de broma a un grupo privado de Snapchat, diciendo: “De camino a estallar el avión, soy un miembro de los talibanes”, según se reveló durante su declaración ante la Audiencia Nacional el 22 de enero.
El mensaje fue detectado a través de la red pública de wifi del aeropuerto, activando una alerta de seguridad. Las autoridades británicas alertaron a las autoridades españolas mientras el avión de la compañía Easy Jet sobrevolaba el espacio aéreo francés. Como respuesta, el Ministerio de Defensa español desplegó dos cazas F-18 para escoltar el avión comercial.
Aditya Verma, a British Student, on his way to Menorca, sent a msg on Snapchat "Going to blow up the place, I'm a member of Taliban"
— Mihir Jha (@MihirkJha) January 24, 2024
Airport picked the msg, Spanish Fighter Jets surrounded the Plane - Aditya faces a fine of $125K & Jail pic.twitter.com/TCBYAizkV5
Verma fue arrestado a su llegada a Menorca, pasó dos días en custodia y luego fue liberado. De regreso en el Reino Unido, fue interrogado por los servicios de inteligencia, quienes no encontraron vínculos con grupos yihadistas radicales.
Durante el juicio, Verma afirmó que su comentario se hizo en un contexto privado y de bromas entre amigos del colegio. Además, aseguró que nunca tuvo la intención de asustar a los pasajeros y que no hizo público el mensaje. También expresó que al ver los cazas, los asoció con algún tipo de “ejercicio militar” relacionado con el conflicto entre Rusia y Ucrania, sin conectarlos con su mensaje.
A pesar de no ser acusado de terrorismo, la justicia española imputó a Verma por un presunto delito de desorden público con afectación a la seguridad nacional. La fiscalía no solicitó pena de cárcel, pero sí una multa de 22.500 euros y una indemnización de casi 95,000 euros por los gastos derivados del despliegue de cazas. El veredicto se dará a conocer en los próximos días.
