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Cada 12 de marzo se celebra el Día Internacional Contra la Censura en Internet, una fecha que surge a raíz de una propuesta de la asociación Reporteros Sin Fronteras, que pedía un alto a la cibercensura en los espacios digitales y el libre acceso a la información. En general, este día apela a la libertad de expresión, la diversidad de opinión y la privacidad de los datos personales de los usuarios.
Esta es una pugna que se hace en todo el mundo porque la libertad de expresión en el ciberespacio se ve amenazada por diferentes circunstancias, ya sea por las empresas que tienen servicios y patentes tecnológicas, o bien, por la legislación que se da para tratar de controlar lo que se dice en los foros de internet.
México no está exento de estos cuestionamientos, ya que por muchos años diferentes poderes han tratado de regular lo que sucede en los espacios digitales, incluso si esto significa censurar a los usuarios. En años recientes, la vigilancia del ciberespacio es algo que se ha abordado en diferentes ocasiones y desde todos los frentes políticos, por eso hay quienes consideran que hay riesgos reales en el país.
Hoy en día, el internet es una de las herramientas más importantes en la vida diaria de los mexicanos, por lo que su regulación se ha vuelto tema de debate. En 2012, en los Estados Unidos, se dio la discusión en torno a la llamada “Ley SOPA”, que son las siglas de “Stop online piracy act”, que buscaba castigar de manera más severa la piratería en internet, algo que no tardó en replicarse aquí.
El primer intento por censurar el ciberespacio fue en 2013 por el diputado priista Manlio Fabio Beltrones, quien propuso su propia Ley SOPA. Esta planteaba que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) impusiera multas de hasta 1.26 millones de pesos de ese entonces, así como sanciones de seis meses a seis años de prisión, a quienes infringieran normas de propiedad intelectual.
Finalmente, la iniciativa no se concretó por el rechazo de la sociedad civil y de los especialistas, pero con el paso del tiempo se han dado otras similares que atentan contra la libertad de expresión en México. Por ejemplo, en abril de 2021, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso una fuerte regulación a las redes sociales para que estas se encargaran de censurar una amplia gama de contenidos.
Paradójicamente, Monreal argumentó que esta medida sería para salvaguardar la libertad de expresión en México, pero en los hechos, hacía lo contrario. Se imponían multas de hasta 4.4 millones de dólares para las plataformas que no censuraran a usuarios que rompieran las normas establecidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Al mismo tiempo, este organismo tendría facultad de decidir si una decisión fue correcta o no en cuanto a la suspensión de una cuenta o un contenido eliminado, además de que vigilaría publicaciones como las de noticias falsas y mensajes de odio, todo lo relativo a “mantener el orden público” en el ciberespacio.
En términos generales, el IFT tendría en sus manos el control casi total de las redes sociales que operan en el país, por lo que se previó que muchas abandonarían el territorio para evitar que su operación sea vigilada por el estado o para no ser multados. De acuerdo con la organización Human Right Watch, esta era una clara afrenta en contra de la libertad de expresión.
No obstante, la legislación no es la única forma por la que se pretende restringir la libertad de expresión en el mundo digital. En lo más reciente, Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, fue noticia por un video suyo bebiendo y lanzando insultos al INE, por lo que recurrió a varias estrategias para censurar a quienes publicaran el video.
El método que usó Máynez y MC fue venderle los derechos de sus videos a la empresa Badabun, por lo que esta tiene la facultad de reclamar a todos los que usen este contenido en sus espacios noticiosos. Asimismo, los obliga a bajar el contenido o lo hace sin consentimiento de los usuarios. Esta práctica se ha vuelto frecuente, ya que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, tiene el mismo método de “defensa” con los videos que se publican de él en redes sociales.
Organizaciones como Artículo 19 también han documentado cómo los intereses económicos y políticos han llegado a solicitar directamente la remoción de ciertos contenidos en el ciberespacio. En tanto, R3D MX muestra cómo el ejército, a través del Centro de Operaciones del Ciberespacio, monitorea y vigila la actividad de los usuarios en redes sociales, en especial a quienes critican a las fuerzas armadas y al gobierno federal.
Este tipo de acciones en cuanto a la vigilancia de usuarios en internet y los intentos por legislar en contra de la libertad en el ciberespacio han sido más recurrentes en nuestro país, lo que lo coloca como uno de los que más censuran a la gente.
El año pasado, la agencia que provee servicios de proxy, ProxyBack, dio a conocer un ranking de los países que más priorizan la libertad de expresión en el internet y México es uno de los peor posicionados. De 20 puestos, México se situó en el sitio 12 de los que más censuran. Esto se da por las medidas que coaccionan la publicación de contenidos y la expresión de ideas.
Finalmente, nuestro país es uno de los que menos tienen restricciones para acceso a internet, ya que ahí el líder es China, un país que limita el acceso a medios de comunicación y plataformas como Facebook y foros políticos, algo que en nuestro país no sucede.
