.gif)
Un tribunal de Lorient, en Bretaña, sentenció al Vaticano a pagar una compensación de 200,000 euros a una monja dominica por un despido irregular. Esta sentencia destaca que incluso en el ámbito eclesiástico, existe la posibilidad de un despido improcedente, dejando en evidencia que la relación entre los miembros de la iglesia y la institución puede considerarse también como una relación laboral.
La afectada, sor Marie Ferréol, vivió en Pontcallec desde 1987 como parte de la Comunidad de Hermanas Dominicas del Espíritu Santo y se dedicó a la oración y a la enseñanza en un monasterio local. Sin embargo, en 2011, la monja denunció al Vaticano por “graves abusos y sucesos” en el monasterio, lo que desencadenó varios eventos que terminaron en su despido nueve años más tarde.
Tras la intervención del papa Francisco en 2020, se ordenó la expulsión temporal y posteriormente definitiva de sor Marie Ferréol, acusándola de “mentiras y simulaciones”, así como de crear un “clima de sospecha y miedo” en el monasterio, aunque no se detallaron las acusaciones exactas por razones de confidencialidad.
La expulsión se hizo a media noche, de manera abrupta y sin aviso, por lo que la monja recurrió a la justicia civil después de que sus denuncias no fueran atendidas por la institución eclesiástica. El tribunal ordenó que la compensación de 200,000 euros sea pagada tanto por la Comunidad de Hermanas Dominicas del Espíritu Santo como por los implicados en el despido, que son el cardenal Marc Ouellet, Jean-Charles Nault y Emmanuelle Desjobert, por daños materiales y morales.
