Ayer, Agustín Guerrero, secretario general de Morena, dijo que en Puebla “no hay ninguna mujer presa por interrumpir su embarazo” y que “no es un problema de salud”, por lo que “no se necesita la reforma” en materia de aborto. Desde hace años, las colectivas feministas pugnan por la interrupción legal del embarazo pues, a diferencia de lo dicho por el morenista, no es un servicio accesible.
Agustín Guerrero justificó que no es necesaria una reforma porque existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, en Puebla, se puede acceder al aborto en las instituciones de salud públicas, por lo que no hay necesidad de que las mujeres pongan en riesgo sus vidas con prácticas clandestinas e insalubres para abortar.
El acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es viable por el acompañamiento de tres asociaciones que promovieron un amparo en diciembre del 2023: Grupo de Información de Reproducción Elegida A.C. (GIRE); Centro de Análisis Formación Iniciativa Social (CAFIS AC); y el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (ODESYR).
En entrevista para Imagen Poblana, Natali Hernández Arias, directora CAFIS AC, y Brahim Zamora Salazar, de ODESYR, explicaron por qué es necesaria una reforma para la despenalización del aborto en Puebla. Asimismo, sostienen que este sí es un problema de salud pública que se perpetúa porque el Congreso no cumple con su labor legislativa para modificar las leyes locales.
Tanto Natali como Brahim señalaron que en Puebla no hay mujeres presas por practicarse un embarazo, aunque no por esto deja de ser una práctica punible, pues en el Código Penal hay un apartado relativo al aborto. La criminalización no sólo se da propiamente por el delito de aborto, sino que también aparecen como “homicidio en razón de parentesco” y hay querellas activas contra quienes abortaron.
Según las cifras de incidencia delictiva del fuero común de la Fiscalía General del Estado (FGE), de enero del 2015 a junio del 2024 en Puebla se registran 54 casos de aborto, de los cuales, dos ocurrieron este año siendo el más reciente de junio.
“Tuvimos una usuaria que nos buscó porque llegó a una clínica del IMSS a atenderse un aborto espontáneo y la estaban amenazando con llamar a la fiscalía y que la tenían que procesar por un aborto que no se produjo ella misma. Eso habla de que mantener el Código Penal no sólo facilita que puedan llegar a ser detenidas, sino que mantiene un ambiente de criminalización”, dijo Natali.
Comentó que, a pesar de que gracias a un amparo hay acceso a la ILE en Puebla, aún persisten dificultades que obstaculizan procesos seguros de aborto. Ya sea por desinformación o falta de proximidad de servicios, hay muchos territorios en los que las mujeres y personas gestantes no se pueden practicar un aborto, ya sea elegido o por complicaciones propias del embarazo.
Las complicaciones obstétricas pueden llevar a muertes en contextos de parto y no están relacionadas directamente con el aborto, pero sí hablan de la complejidad y las dificultades a las que se enfrentan las mujeres para acceder a un procedimiento, por lo que es evidente que el aborto sí es un problema de salud pública.
Brahim consideró grave que uno de los líderes del partido político en el poder hable desde el desconocimiento. Si bien cuentan con el amparo, este es un mecanismo limitado y que no se complementa con la sentencia de la SCJN, pues esta no garantiza el derecho al aborto ni la accesibilidad, por lo que sí es importante que se reforme el Código Penal para suprimir el delito de aborto voluntario.
Recordó que hace pocos años se redujeron las penas por abortar y excluir algunas atenuantes, con lo que técnicamente nadie tendría que ir preso por esta práctica y se puede llevar el proceso en libertad. Puntualizó que en la legislatura pasada y la actual, los líderes del Congreso, todos de Morena, han prometido, sin cumplir, la despenalización del aborto.
“Ya no hay ningún pretexto. Si el miedo timorato de Morena para subir esto a discusión en la tribuna era electoral, se ha despejado pues incluso en los estados donde los congresos fueron responsables y legislaron, no hubo consecuencia electoral”, dijo Brahim.
Respecto a las recientes discusiones del tema en el Congreso Local, Brahim se dijo optimista de que haya un debate y discusión favorable, pues incluso si no se llega al consenso, podrán recurrir a una acción de inconstitucionalidad sobre el Código Penal, con lo que los legisladores estarán obligados a emitir una decisión distinta.
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El amparo que ganaron ODESYR, CAFIS y GIRE en diciembre pasado garantiza que siete clínicas están habilitadas para practicar abortos en Puebla, pero algunas no han establecido protocolos para cumplir con dicho ordenamiento judicial.
Detallaron que sólo tres de las siete unidades tenían lineamientos establecidos para hacer abortos: Hospital de La Mujer Puebla, Hospital Regional de Alta Especialidad ISSSTE Puebla y el Hospital de la Mujer de Tehuacán. Ayer se les notificó que el Hospital de La Margarita también preparó sus protocolos, por lo que se sumó a brindar el servicio ocho meses después de lo dispuesto.
Además, un problema usual que detectaron tanto Natali como Brahim fue que el personal de los servicios públicos de salud recurría a prácticas dilatorias para negar de manera indirecta el servicio. Excusas como que debían ir acompañadas por un familiar, que no había doctores disponibles o faltaban lineamientos, era algo común con por lo que no se atendía.
No obstante, Natali dijo que es un problema porque tres de las cuatro clínicas están en la capital, lo que deja a las mujeres y personas gestantes del interior del estado sin la posibilidad de interrumpir de manera segura su embarazo. Brahim agregó que no todos saben que para acceder a la ILE es necesario el acompañamiento de CAFIS, ODESYR o GIRE, por lo que la afirmación de Guerrero es mentira, pues no se puede abortar con sólo ir a cualquier clínica de Puebla.
Del 4 de diciembre del 2023 al 30 de junio, en CAFIS recibieron 230 solicitudes de asesoría, de las cuales expidieron 113 constancias de acompañamiento y, de estas, 66 confirmaron que solicitaron acceso en los servicios de salud públicos. También han registrado diez negaciones por parte del IMSS y una usuaria que tramitó un amparo contra dicha institución por no cumplir con el servicio.
“Parece un contexto desigual en el que las que pueden acceder al amparo se enteran y vienen con nosotras, pueden garantizar este derecho, pero las que no están sin esta cobertura y es el estado el que está generando esta discriminación”, finalizó Natali.
