En un reciente anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que a inicios del próximo año comenzarán a entregarse pensiones a mujeres de 63 y 64 años, como parte de un paquete de nuevos programas sociales. Además, se implementará una beca destinada a estudiantes de secundaria denominada Rita Cetina, mientras continúan los apoyos a adultos mayores y jóvenes a través del programa "Construyendo el Futuro".
Estos programas han generado un debate sobre la sostenibilidad financiera de las políticas sociales, especialmente en un contexto de presiones sobre el gasto público. ¿De dónde saldrán los recursos para financiar estos programas y cuál será su impacto en otras áreas del presupuesto gubernamental?
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— Elizabeth Hernández Calderón (@Eli_HeCa) December 10, 2024
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El origen de los recursos
El financiamiento de estos programas sociales proviene principalmente de los ingresos fiscales del gobierno y de fondos federales destinados a la seguridad social y el bienestar. A lo largo del tiempo, el gobierno ha implementado un sistema progresivo de recaudación de impuestos, incrementando los ingresos de sectores como el de la minería, el comercio electrónico y otros impuestos indirectos.
De igual manera, los recursos destinados a estos apoyos provienen de la reasignación de gastos gubernamentales, ya que las autoridades se han comprometido a priorizar el bienestar social. Por ejemplo, el presupuesto de los programas sociales de Sheinbaum se podría ajustar para cubrir las pensiones, becas y apoyos, sin que ello implique la generación de nuevos impuestos.
De acuerdo con un análisis del columnista Enrique Quintana en El Financiero, el gasto en programas sociales ha experimentado un crecimiento significativo durante los últimos años. Si bien los incrementos en el presupuesto para estos programas no parecen generar una "hecatombe", la acumulación de distintos gastos sí presenta una presión considerable sobre las finanzas públicas.
En 2019, durante el primer año del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el gasto en programas sociales creció un 15.3 % en términos reales, la mayor cifra del sexenio. A partir de ahí, la protección social, que agrupa la mayoría de los programas sociales, ha tenido un crecimiento sostenido, alcanzando en 2024 un incremento del 67.8 % respecto al año anterior, con una participación del 30.1 % dentro del gasto programable del sector público.
Este crecimiento, aunque significativo, no es la única presión que enfrenta el presupuesto. Las pensiones, por ejemplo, crecieron un 33.2 % en términos reales durante el sexenio de AMLO, representando ahora el 21.6 % del gasto programable en 2024.
Además, el gasto financiero, que incluye el pago de deuda, ha aumentado un 37.1 % en términos reales, mientras que la inversión pública ha crecido 2 puntos porcentuales, lo que equivale a aproximadamente 130,000 millones de pesos adicionales.
¿Un reajuste en otros sectores?
El gran reto para el gobierno de Sheinbaum será equilibrar el gasto social con otras prioridades, como la infraestructura, la seguridad y los pagos de deuda. Como señala Quintana, el aumento total del gasto público en los últimos años ha sido del 20 % en términos reales, lo que plantea una presión de gasto que podría generar más endeudamiento y déficit fiscal.
Aunque los programas sociales son esenciales para el bienestar de diversos sectores de la población, el gobierno deberá tomar decisiones difíciles sobre cómo manejar el déficit y el crecimiento de la deuda pública. Los próximos años podrían ver una redefinición del gasto en áreas no prioritarias para garantizar la sostenibilidad fiscal.
¿Qué viene para el futuro?
El desafío para Claudia Sheinbaum es claro: administrar el aumento del gasto social sin comprometer otras áreas críticas. Esto probablemente implicará una redefinición de prioridades en el presupuesto, así como un análisis minucioso de la eficiencia del gasto público. Si bien el gasto social tiene un impacto positivo en la población, su financiamiento dependerá de una estrategia fiscal que evite una mayor acumulación de deuda.
El futuro financiero de estos programas sociales será crítico. Como concluye Enrique Quintana, el desafío es grande, pero “puede resolverse”. Lo que es cierto es que las decisiones que se tomen ahora marcarán el rumbo económico del país en los próximos años.
