Aunque no se trata de una regla ni de algo oficial, hay versiones que hablan sobre los elementos policiacos que dejan libres a delincuentes para evitarse el papeleo ante el Ministerio Público, sobre todo si se trata de un delito menor, pues muchos de ellos pueden pasar casi una jornada laboral en dicho trámite.
A decir de uniformados entrevistados por Imagen Poblana, que pidieron el anonimato para evitar consecuencias o represalias, señalaron que esos procedimientos se dan en sus horas de descanso, es decir, muchos deben cumplir con la puesta a disposición a pesar de haber salido “francos” o ya estar de descanso.
Los entrevistados señalaron que los principales motivos para que se den este tipo de situaciones son la falta de personal y recursos que puede llevar a una sobrecarga de trabajo para los policías.
La falta de capacitación y formación adecuada son otros factores que pueden llevar a que los policías desconozcan o no comprendan los procedimientos adecuados para manejar detenidos y llevar a cabo el papeleo correspondiente.
Por otro lado, están los casos de corrupción. Muchas veces algunos policías pueden recibir sobornos a cambio de liberar a detenidos sin seguir el procedimiento adecuado, pero ese es tema para otra ocasión.
Es importante decir que estas acciones no son aceptables y pueden tener consecuencias graves para la justicia y la seguridad pública, incluso para los propios uniformados si son sorprendidos incurriendo en una acción como la que se menciona.
Y es que la labor de los policías no solo se limita a detener a los sospechosos de cometer un delito, sino que también deben seguir un proceso riguroso para poner a disposición del Ministerio Público a los detenidos.
Una vez que un policía detiene a una persona sospechosa de cometer un delito, la detención debe ser efectuada de acuerdo con los protocolos establecidos por la ley y con respeto a los siempre polémicos derechos humanos del detenido.
Pero ¿qué sigue después? Se registran los datos personales del presunto responsable como su nombre, dirección, fecha de nacimiento y cualquier otra información relevante, mientras se le notifica -por parte de la Policía- sus derechos, como el derecho a permanecer en silencio, el derecho a un abogado y a ser informado de los cargos que se le imputan.
Para todo ello, se debe contar con el testimonio del o de los agraviados, porque muchas veces no es que los detenidos sean liberados para evitar el trámite en el Ministerio Público, sino que no se les puede remitir porque no hay denuncia en su contra.
También se elabora un informe policial en el que se da detalle de los hechos, se da cuenta de la evidencia recopilada y los cargos que se le imputan al detenido; también se le conoce como la hoja de remisión al Ministerio Público.
Este procedimiento es un paso fundamental. Los oficiales deben seguir un proceso riguroso para asegurarse de que los derechos del detenido sean respetados y de que la evidencia sea recopilada y presentada de manera adecuada.
De esta manera, se puede garantizar que la justicia sea impartida de manera imparcial y justa, o al menos es lo que se dice.
Pero con más frecuencia de la que debería, los policías se enfrentan a obstáculos burocráticos y de papeleo que pueden retrasar o incluso impedir la remisión de un detenido ante el MP.
El papeleo y los trámites administrativos necesarios para remitir a un detenido ante el Ministerio Público pueden ser lentos y tediosos, lo que puede retrasar la remisión del detenido. Incluso puede llevar a errores y omisiones que afectarán la validez de la detención, pues muchas veces, para el tiempo que llevan los policías en el proceso, son vencidos por el cansancio o la fatiga.
La falta de recursos y personal necesarios para los trámites y remitir a los detenidos, es otro factor, porque eso deriva en una sobrecarga de trabajo para los uniformados, lo que puede afectar la calidad de su trabajo y su eficiencia.
Y las demoras en la atención del Ministerio Público es otro factor que muchas veces influye en que los uniformados tomen la decisión de liberar al detenido, si es que no cometió una falta grave, pues consideran que solo perderán su tiempo.
Sin embargo, no se trata de una negligencia u omisión por parte del MP, sino de otro problema que también se da en las fiscalías: la falta de recursos, de personal y la complejidad de algunos casos de los que llegan a conocer.
