La Suprema Corte de México resolverá una controversia entre el Comité de Evaluación, que suspendió el proceso de elecciones de jueces y magistrados por voto popular, y el Tribunal Electoral, cuya petición para reanudarlo fue rechazada por el organismo encargado de seleccionar las candidaturas.
La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, firmó un acuerdo para "conceder al Comité de Evaluación la medida cautelar solicitada, consistente en mantener las cosas en el estado en que actualmente se encuentran".
La magistrada María Emilia Molina, integrante del Comité de Evaluación de aspirantes, anunció el jueves una apelación ante el máximo tribunal para que decida sobre dos resoluciones contradictorias de órganos jurisdiccionales distintos: un amparo para suspender el proceso y otro del Tribunal Electoral para reanudarlo.
El ingreso de la petición ante la Suprema Corte frenó toda acción legal contra los integrantes del Comité, por no acatar la orden de regresar a sus actividades para elegir a candidatos a jueces, magistrados y ministros.
El pleno de la Corte Suprema determinará cuál es la autoridad responsable del proceso, porque una resolución es de una instancia judicial y la otra de una electoral.
En las inéditas elecciones por voto popular de los jueces y magistrados, que se realizará en dos partes en 2025 y 2027, los tres poderes del Estado mexicano (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) presentarán candidaturas.
