
El Gobierno de México y gremios de transportistas alcanzaron un acuerdo el lunes, luego de los bloqueos en cinco de las principales autopistas de acceso a la capital, realizados en protesta por la inseguridad y las extorsiones perpetradas por la delincuencia organizada, según informó la prensa local.
Los transportistas "se comprometen a seguir la vía del diálogo institucional, por lo que, agradeciendo la atención recibida, no realizarán bloqueos ni movilizaciones que afecte derechos de terceros y procederán a liberar las vías de comunicación", se afirma en el acuerdo al que llegaron con el Gobierno que fue difundido por el periódico La Jornada.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación, encargada de la política interior del Ejecutivo, se comprometió a "sumar a las organizaciones de transportistas presentes a las reuniones que se sostienen regularmente con las autoridades competentes federales y con la Secretaría de Movilidad del estado de México", indica el acuerdo.
Horas antes, comerciantes y empresarios denunciaron que han sido víctimas de "extorsiones, falsas acusaciones y fabricación de delitos" por parte de las autoridades y solicitaron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Las manifestaciones bloquearon cinco carreteras en dirección a la capital del país, desde las ciudades de Querétaro, Cuernavaca, Puebla, Pachuca y Toluca.
Tras más de cuatro horas de negociaciones con autoridades federales, capitalinas y del Estado de México, el gremio de transportistas aceptó instalar una mesa de trabajo periódica, para verificar cada mes que se cumplan sus peticiones, informó a la prensa el presidente del grupo empresarial de autotransportes, Francisco Rodríguez.
Los transportistas aseguraron que su protesta fue una "marcha pacífica".
En tanto, la Fiscalía solicitará el cambio de una medida cautelar procesal, que ordena prisión preventiva para cinco personas detenidas, y analizará un programa emergente de regularización administrativa.