Desde hace dos años, predios pertenecientes al antiguo exrancho La Covadonga, que funcionó como una fábrica textil en el norte de la ciudad de Puebla, fueron invadidos y fraccionados de manera ilegal, pese a que estaban destinados a fines sociales a través de la Fundación Julita y Pablo.
Así lo informó Jesús González Schmal, abogado representante de la fundación, quien denunció que un grupo armado, conformado por al menos 50 personas, ingresó de forma violenta el 9 de abril de 2023 y despojó del terreno a la organización que lo utilizaba para labores agrícolas.
“Llegaron armados, quitaron los cercos de púas, lo amenazaron y se apoderaron del inmueble. En cuestión de semanas comenzaron a fraccionarlo y venderlo”, explicó.
En tanto, detalló que el predio contaba con una orden emitida por el Ayuntamiento de Puebla para la demolición de bardas y construcciones; sin embargo, dicha acción no se ha ejecutado por la resistencia de los grupos que vigilan el lugar.
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— Imagen Poblana (@ImagenPoblana) April 9, 2025
El apoderado legal de la fundación Julita y Antonio, Jesús González Schmal, denunció que la #invasión de las tierras en el ex rancho de “La Covadonga” lleva 2 años sin obtener respuesta de las autoridades para su recuperación
Vía @mx_kato pic.twitter.com/OpCZdo3kX6
“En la administración pasada se intentó demoler, pero la policía local saboteaba la actuación de Desarrollo Urbano. En esta nueva administración, la titular dice que no tiene facultades, lo cual es absurdo, porque la ley sí las contempla”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que la fundación también interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pero a la fecha no se ha concluido la integración de la carpeta de investigación, debido a que el peritaje topográfico no ha sido llevado a cabo. “Nos dicen que no hay personal, que hay retrasos, y mientras tanto la impunidad sigue creciendo”, señaló.
Finalmente, el abogado señaló que la fundación ya solicitó el apoyo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como al Gobierno del Estado, que a través de la Secretaría de Gobernación, se comprometió a convocar una mesa de trabajo para resolver el conflicto.
“Nos alarma que, a dos años de distancia, no haya autoridad que imponga la ley. Este terreno está destinado al bienestar social, no a la especulación ni al despojo violento. Si esto se permite, mañana lo harán en otro lado”, advirtió el abogado.
