En el sistema jurídico mexicano, toda persona acusada de un delito posee derechos fundamentales que deben ser respetados y garantizados por el Estado. Estos derechos no son privilegios, sino pilares esenciales para asegurar un proceso penal justo y equitativo.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales reconocen y protegen los derechos de las personas imputadas en un proceso penal. Entre los más destacados están:
El de presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante una sentencia emitida por un juez. Este principio está consagrado en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución mexicana.
También del derecho a una defensa adecuada. El imputado tiene derecho a ser asistido por un abogado desde el momento de su detención y durante todo el proceso penal. Si no cuenta con uno, el Estado debe proporcionarle un defensor público.
El derecho a ser informado de los cargos. La persona detenida debe ser notificada de manera clara y precisa sobre los hechos que se le imputan y las pruebas existentes en su contra.
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El derecho a un juicio justo y público. El proceso penal debe regirse por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, garantizando la imparcialidad del juez y la igualdad entre las partes.
Y por último, pero no menos importante, el de la prohibición de autoincriminación. Nadie está obligado a declarar en su contra ni a confesarse culpable. Este derecho protege al imputado de coacciones o presiones indebidas durante el proceso.
El Estado mexicano, al ser parte de diversos tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tiene la obligación de garantizar los derechos de toda persona acusada de un delito.
Estas garantías buscan evitar abusos de poder, detenciones arbitrarias y condenas injustas, asegurando que el proceso penal se conduzca con legalidad y respeto a los derechos humanos.
¿Justicia o privilegio?
Es común que haya la percepción de que el sistema protege más al acusado que a la víctima. Sin embargo, garantizar los derechos del imputado no significa otorgar privilegios, sino asegurar que el proceso penal sea justo y equitativo.
Un sistema que respeta los derechos de todas las partes involucradas fortalece el Estado de derecho y previene errores judiciales que podrían afectar tanto a inocentes como a víctimas.
La justicia no debe inclinarse hacia ninguna de las partes, sino buscar la verdad y aplicar la ley de manera imparcial. Proteger los derechos del presunto delincuente es esencial para mantener la integridad del sistema judicial y garantizar que las decisiones se basen en pruebas sólidas y procedimientos legales adecuados.
Es decir, los derechos de un presunto delincuente son fundamentales para asegurar un proceso penal justo y evitar abusos por parte del Estado.
Lejos de ser privilegios, estas garantías protegen a todos los ciudadanos y fortalecen la confianza en el sistema de justicia y buscan un equilibrio adecuado entre los derechos del imputado y los de la víctima, que es esencial.
