En México, el 58% de los hombres divorciados evita proporcionar de forma constante la pensión alimenticia a sus hijos, generando un impacto directo en la economía de los hogares encabezados por mujeres. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 4.18 millones de hombres padres no viven con sus hijos ni participan activamente en su crianza, lo que representa el 9.3% del total de padres en el país.
Dicha situación genera una carga doble para las madres que, además de asumir por completo las responsabilidades de cuidado, enfrentan condiciones laborales precarias. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), siete de cada diez de estas mujeres buscan empleos con horarios flexibles, los cuales suelen estar vinculados a la economía informal, carecen de prestaciones y ofrecen bajos ingresos.
Los datos del IMCO también revelan que las mujeres en México dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo no remunerado del hogar y los cuidados, mientras que los hombres destinan solo 15.9 horas. Esta diferencia implica una jornada laboral adicional sin reconocimiento económico, lo que profundiza la desigualdad en el ámbito doméstico.
En cuanto a las obligaciones legales, solo en el 42% de los casos de divorcio en los que se solicita pensión alimenticia esta es concedida, y únicamente 2 de cada 10 mujeres consideran este ingreso como confiable. La mayoría reporta pagos irregulares e insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los menores.
Para enfrentar esta situación, se creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), respaldado por la Ley Sabina, publicada en 2023 en el Diario Oficial de la Federación. Esta legislación impone restricciones a quienes incumplen con la manutención, como la imposibilidad de salir del país, obtener documentos oficiales, adquirir propiedades o casarse. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que estas medidas son constitucionales y proporcionales al fin de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, la implementación de la Ley Sabina es aún desigual. Algunas entidades no han armonizado su legislación local, mientras que otras carecen de registros activos de deudores alimentarios. Esta disparidad evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos que aseguren el cumplimiento de la corresponsabilidad parental en todo el territorio nacional. (NotiPress)
