FGE tiene la ley de su lado: Así debe actuar contra sus agentes violentos

La comunidad en San Martín Texmelucan se encuentra consternada y exigiendo justicia tras la denuncia de un grave incidente que involucra a presuntos agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE). Trascendió que, tras una comida, los elementos se habrían negado a pagar en un establecimiento, llegando al extremo de agredir físicamente a los empleados que exigían el cobro.

El hecho no solo pone en entredicho la integridad de las fuerzas de seguridad, sino que también reaviva la persistente percepción ciudadana de impunidad. Hasta el momento, no hay pronunciamiento de la Fiscalía al respecto. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo debe proceder la FGE ante estos hechos?

Ante un acto de tal magnitud, la Fiscalía General del Estado de Puebla tiene la obligación ineludible de actuar con la máxima diligencia, transparencia y contundencia. El protocolo de actuación debe ser claro y seguir los siguientes pasos:

Debe iniciar de oficio una carpeta de investigación por los delitos de abuso de autoridad, lesiones, robo (en caso de comprobarse la sustracción de alimentos y bebidas sin pago) y cualquier otro ilícito que se desprenda de los hechos. No se debe esperar a una denuncia formal si la información ya es del dominio público y existen elementos para la acción.

Es crucial identificar a los agentes ministeriales implicados. Una vez confirmada su participación, deben ser separados de su cargo de manera inmediata, aunque sea de forma temporal, mientras se lleva a cabo la investigación. Esta acción envía un mensaje claro de cero tolerancias a la corrupción y el abuso.

También se debe llevar a cabo una investigación exhaustiva y recolección de pruebas, como las siguientes:

·        Entrevistas a testigos: Recabar testimonios de los empleados del establecimiento, así como de cualquier persona que haya presenciado los hechos, incluyendo clientes o transeúntes.

·        Análisis de evidencia física: Si existen, recolectar videos de cámaras de seguridad del local o de la vía pública, grabaciones de audio, fotografías de las agresiones o del estado del establecimiento.

·        Dictámenes médicos: Llevar a cabo valoraciones médicas a los empleados agredidos para documentar las lesiones y determinar su gravedad.

·        Análisis de pago: Verificar si hubo un intento de pago, si se consumieron los productos y si se generó una cuenta.

Si la investigación arroja pruebas suficientes, la FGE debe solicitar al juez la vinculación a proceso de los agentes ministeriales.

Los delitos de abuso de autoridad, lesiones y robo están contemplados en el Código Penal Federal y en el Código Penal del Estado de Puebla, con penas que incluyen prisión, multas y la inhabilitación para desempeñar cargos públicos.

Es fundamental que la sanción sea ejemplar para desincentivar futuras conductas.

Paralelamente a la investigación penal, la Contraloría Interna de la FGE o el Órgano Interno de Control debe iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio. Este proceso busca determinar responsabilidades disciplinarias, que pueden derivar en suspensiones, remociones del cargo o incluso destitución definitiva, independientemente del resultado del proceso penal.

La FGE debe asegurar que las víctimas reciban la reparación integral del daño, que incluye la restitución de los gastos no pagados, la compensación por las lesiones físicas y sicológicas, y la disculpa pública si así lo amerita.

La recurrente percepción ciudadana de que "nada sucede" o que existe impunidad frente a actos de abuso por parte de las autoridades, especialmente de aquellos encargados de procurar justicia, se alimenta de varios factores.

La poca o nula información sobre el avance de las investigaciones, las sanciones impuestas y los resultados finales de los procesos judiciales genera desconfianza. Cuando los casos quedan en la opacidad, la ciudadanía asume que no hay consecuencias.

La creencia, a menudo fundamentada, de que existen redes de complicidad y encubrimiento dentro de las instituciones que protegen a los elementos que cometen abusos. Si no se percibe una voluntad real de limpiar la casa, la gente pierde la fe en el sistema.

Los procedimientos legales y administrativos suelen ser largos y complejos. La tardanza en la resolución de los casos, sumada a la falta de comunicación, hace que la ciudadanía se canse y dé por hecho que el asunto quedará en el olvido.

Desafortunadamente, México tiene un historial de impunidad en casos de abuso policial o de autoridad. La falta de sanciones ejemplares en el pasado refuerza la idea de que los culpables siempre logran evadir la justicia.

Las víctimas y los testigos a menudo temen represalias por parte de las autoridades o de sus compañeros si denuncian. La falta de mecanismos efectivos de protección para denunciantes agrava esta situación.

Aunque los medios pueden visibilizar algunos casos, la falta de seguimiento y la saturación de noticias negativas pueden hacer que un incidente, por grave que sea, se diluya en la agenda pública, dejando la impresión de que no hubo justicia.

Para cambiar esta percepción, la FGE y las autoridades en general no solo deben actuar con estricto apego a la ley, sino también comunicar de manera proactiva y transparente cada paso de la investigación y sus resultados.