Debido a múltiples escándalos que evidencian abuso de autoridad y conductas prepotentes, el edil de Cuyoaco, Iván Camacho Romero, enfrenta un proceso en el Congreso de Puebla para su posible suspensión o revocación de mandato.
El diputado de Morena, Roberto Zataráin Leal, presentó una solicitud formal ante la Comisión Instructora del Congreso, para investigar al edil priista por actos como amenazas a empleados de una tienda en el centro comercial Angelópolis, enfrentamientos con un conductor de autobús en la autopista Puebla-Cuapiaxtla y acarreo de despensas durante la campaña electoral de 2024.
???? ¡Grave, vergonzoso y completamente reprobable! Así el actuar del alcalde de Cuyoaco, Iván Camacho. Pero no basta con condenar en redes sociales, hay que responder desde las instituciones.
— Roberto Zataráin Leal (@ZatarainLeal) July 31, 2025
Por eso, como diputado, he decidido presentar lo que la ciudadania exige: el inicio de… pic.twitter.com/RPG0hXuGO5
En Puebla, la revocación de mandato de presidentes municipales está regulada principalmente por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en su artículo 57, el cual establece que los ayuntamientos, incluyendo a los presidentes municipales, pueden ser suspendidos o revocados por causas graves previstas en la ley; y en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, en el artículo 56, que detalla las causales específicas para la suspensión o revocación, como incurrir en actos u omisiones que afecten gravemente el interés público, violaciones a la ley, abuso de autoridad, o conductas que comprometan el funcionamiento del ayuntamiento.
Dentro de las causales se incluyen: violaciones graves a la Constitución federal o estatal; actos de corrupción o malversación de fondos públicos; abuso de autoridad o uso indebido de recursos municipales; negligencia o abandono de funciones que afecten el funcionamiento del municipio; y comisión de delitos graves que impliquen auto de formal prisión o sentencia firme.
Estas causas deben estar debidamente comprobadas y fundamentadas.
La revocación puede iniciarse por una denuncia ciudadana formal presentada ante el Congreso del Estado, respaldada por pruebas; una solicitud de la Secretaría de Gobernación estatal o de los regidores del ayuntamiento; o una solicitud formal de un diputado local.
La solicitud se turna a la Comisión Instructora o la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, que evalúa si la denuncia cumple con los requisitos legales. Se lleva a cabo una investigación para verificar las acusaciones y recopilar pruebas y finalmente la comisión emite un dictamen que determina si procede o no la revocación.
El dictamen debe ser aprobado por el Pleno del Congreso, con al menos las dos terceras partes de los votos de los diputados presentes. Si se aprueba la revocación, se notifica al presidente municipal y al ayuntamiento.
En el estado ya han sido destituidos de su mandato algunos alcaldes, como Pablo Pérez Maceda, exedil de Tlacotepec de Benito Juárez, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su revocación, así como de nueve integrantes de su cabildo por incumplimiento de una sentencia de amparo dictada el 23 de noviembre de 2013, relacionada con la ocupación indebida de un inmueble en Santa María La Alta.
Asimismo, los tres hermanos González Vieyra (Uruviel, Giovanni y Ramiro) fueron destituidos de sus cargos como alcaldes, tras su detención y los ayuntamientos de los tres municipios (Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires) fueron disueltos, con consejos municipales o suplentes asumiendo la administración.
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Entre 2021 y 2025, al menos 12 presidentes municipales han sido detenidos por delitos como homicidio, portación ilegal de armas, ejercicio indebido de funciones, enriquecimiento ilícito, y narcomenudeo.
Emiliano Vázquez, exedil de Zapotitlán de Méndez, fue detenido por homicidio y portación de arma; Rafael Lara, exalcalde de Huehuetla, fue detenido por no acreditar la posesión de medio millón de pesos; Jorge Domínguez Méndez, de San Juan Xiutetelco, fue detenido cuando manejaba bajo los influjos del alcohol; y Alejandro Martínez Fuentes, ex presidente municipal de Quecholac, fue detenido por delitos de ejercicio indebido de funciones públicas, abuso de autoridad y contra el sistema de Seguridad Pública.
En estos casos, las detenciones no siempre derivaron en revocación formal, ya que algunos solicitaron licencias o fueron sustituidos temporalmente. La revocación requiere un proceso específico en el Congreso, que no siempre se activa.
