En un contexto de creciente inseguridad en el país, la exigencia por profesionalizar y regular al sector de la seguridad privada se ha convertido en una demanda social legítima y recurrente.
Desde cámaras empresariales hasta la sociedad civil, el llamado es el mismo: es imperativo que los elementos de seguridad que custodian empresas, fraccionamientos y eventos estén debidamente capacitados, certificados y deben operar bajo un marco legal estricto.
Sin embargo, mientras el foco mediático y regulatorio se concentra en las corporaciones legalmente establecidas, preocupa la laguna legal que persiste en la figura de los escoltas particulares, contratados de forma directa y a menudo sin el respaldo de una empresa, por políticos, empresarios y figuras públicas.
La incongruencia es evidente. Por un lado, se presiona a las empresas de seguridad privada para que sus guardias cumplan con requisitos rigurosos, como la acreditación de exámenes de control de confianza, la capacitación en derechos humanos y el uso adecuado de la fuerza.
Por otro, la figura del "guardaespaldas independiente", que opera fuera de cualquier regulación, portando armas, conduciendo vehículos blindados y, en ocasiones, actuando sin ningún tipo de supervisión o rendición de cuentas. Este doble rasero no solo crea un mercado laboral desleal, sino que, lo más grave, representa un riesgo latente para la seguridad pública.
La zona gris de la contratación: escoltas "freelance"
La contratación de escoltas por parte de individuos, al margen de una empresa formal, es una práctica común, especialmente en estratos socioeconómicos altos. La razón principal suele ser la discreción y el control directo sobre el personal.
Sin embargo, esta "comodidad" esconde una realidad peligrosa, la ausencia de un filtro de seguridad. ¿Quién garantiza que estos escoltas no tienen antecedentes penales? ¿Quién certifica que están capacitados para el manejo de crisis, primeros auxilios o el uso de armamento? La respuesta, en la mayoría de los casos, es nadie. La confianza se deposita únicamente en una recomendación o en una entrevista superficial, dejando a la deriva la seguridad del contratante y de la sociedad.
La falta de regulación en este segmento abre la puerta a que expolicías corruptos, militares dados de baja por indisciplina o incluso personas con vínculos criminales se inserten en un mercado lucrativo, ofreciendo un servicio de "protección" que, en el fondo, carece de cualquier garantía.
La opacidad de estas contrataciones dificulta la labor de las autoridades para fiscalizar y sancionar, creando una especie de "seguridad a la carta", donde el poder adquisitivo se impone sobre la legalidad y la profesionalización.
A pesar de la falta de un control exhaustivo, la ley sí contempla sanciones para quienes brindan servicios de seguridad privada de manera irregular. La Ley Federal de Seguridad Privada, así como las normativas estatales, establecen claramente que para operar como prestador de servicios de seguridad privada (lo que incluye el servicio de escolta), es indispensable contar con una autorización o permiso expedido por la autoridad competente.
En el caso de quienes ejercen esta labor de forma irregular (sin una empresa formal y sin la debida certificación), las sanciones pueden ser tanto administrativas como penales. La legislación considera este acto como un delito, sancionable con penas de prisión y multas económicas.
El simple hecho de portar un arma de fuego sin la licencia colectiva correspondiente (que solo se expide a empresas de seguridad registradas) o sin la licencia particular individual, ya es un delito grave. A esto se suma el riesgo de ser acusado de usurpar funciones o de ejercer una profesión sin el título o autorización debidos.
La ley también contempla sanciones para quienes contratan estos servicios de manera ilegal. Aunque la persecución de esta falta suele ser menos común, el contratante podría ser corresponsable si se demuestra que fue negligente o que contrató a sabiendas a un escolta sin las debidas credenciales.
Es importante que las autoridades, los legisladores y la sociedad en general entiendan que la regulación no puede detenerse en las puertas de las empresas formalmente establecidas. La profesionalización del sector debe ser total y abarcar a todos los actores, sin importar si operan bajo un esquema corporativo o "freelance".
Si se pide a las empresas que capaciten y controlen a sus elementos, el mismo rigor debe aplicarse a aquellos que brindan el servicio de escolta de manera particular. Se necesitan mecanismos claros de registro, certificación y supervisión para todos los individuos que portan armas y se dedican a la protección de personas, independientemente de quién los contrate.
