Ha trascendido que Alejandro “Alito” Moreno, el controvertido líder del PRI, ha decidido llevar su guerra política al escenario internacional. De risa, pero cierto. Ya lo dice el viejo dicho y bien dicho: "el miedo no anda en burro". Y es que el también senador ha anunciado con bombo y platillo que denunciará a políticos de Morena ante Estados Unidos y la Corte Penal Internacional por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Resulta que esta movida, según el priísta, responde a la captura de las instituciones mexicanas por el partido en el poder, lo que le impediría obtener justicia en México. Sin embargo, la pregunta que sobresale es: ¿con qué autoridad moral denuncia Alito, cuando su propio historial está plagado de señalamientos de corrupción y prácticas políticas cuestionables?
La respuesta es muy sencilla: porque en México sabe que sus acusaciones caerían en el vacío y, además, sería un blanco fácil, ya que cualquier investigación destapará una cloaca de corruptelas que lo hundirán antes de que pueda señalar a alguien más.
Nada tonto el priísta al llevar el caso a EU, porque sabe que tiene cola (por cierto, muy larga) que le pisen, por lo que busca un reflector internacional con el cual sus propios trapos sucios queden en segundo plano, mientras pinta al PRI como víctima de un régimen autoritario. Pero no nos engañemos, esto no es una cruzada por la justicia, es una maniobra de supervivencia política. El personaje en cuestión no tiene la calidad moral para denunciar a nadie; si bien sus acusaciones contra Morena podrían tener algo de sustancia, estás se desmoronan como migajas de pan bajo el peso de su propia hipocresía.
Alito Moreno, que ha sido señalado por corrupción, desvíos y violencia política no puede ponerse la capa de héroe sin que se le vea el plumero; enfrenta múltiples acusaciones que lo colocan en una posición de mucha desventaja para erigirse como adalid de la moralidad política.
Tan sólo hay que recordar que durante su gestión como gobernador de Campeche fue señalado por presuntos delitos de peculado, usurpación de funciones y extralimitación de facultades. Incluso, la Fiscalía de Campeche ha solicitado en dos ocasiones su desafuero, la más reciente por el supuesto desvío de 83.5 millones de pesos, aunque Moreno insiste en que se trata de una persecución del partido oficialista.
Además, audios filtrados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, lo han puesto en el centro de la polémica, ya que en dichas grabaciones Moreno habría hecho comentarios comprometedores, como sugerir que “a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino de hambre”.
Otro punto oscuro en su trayectoria es la investigación de la Fiscalía General de la República por presunto enriquecimiento ilícito. Desde 2019, se le ha acusado de adquirir propiedades de manera irregular, incluyendo una mansión valuada en más de 130 millones de pesos, cuya procedencia no ha sido plenamente justificada.
A esto se suma la denuncia de la diputada priista Monserrat Arcos, quien acusó al dirigente de violencia política de género y de intentar involucrarla en un esquema de desvío de recursos por 16 millones de pesos, lo que refuerza la percepción de que el líder utiliza al PRI como un “escudo de impunidad”.
Además, los priístas no olvidan que con Alito al frente del tricolor han sufrido una debacle histórica, perdiendo 11 gubernaturas, cayendo a la cuarta fuerza política nacional y registrando los peores resultados en una elección presidencial, por lo que ha perdido la confianza de figuras importantes como Osorio Chong y Ulises Ruiz, que lo acusan de destruir al partido por ambición personal, perpetuándose en el poder mediante reformas estatutarias que le permiten reelegirse hasta 2032.
Entonces, ¿con qué calidad moral va y denuncia Alito Moreno? Sus acusaciones contra Morena, aunque graves, carecen de la solidez que otorga una trayectoria intachable. Sin embargo, este movimiento "huele más" a una estrategia desesperada por reposicionar al PRI en un contexto en que su relevancia política se desvanece.
Un insulto a la inteligencia a los poblanos
Hablando de temas locales, ha llamado poderosamente la atención el discurso oficial del alcalde Chedraui, su secretario general de Gobierno, Franco Rodríguez, y del titular de la SSC, un tal Félix Pallares, quienes insisten en que la seguridad está "garantizada" y que los índices delictivos han disminuido en la capital.
Sí, y trate de aguantar la risa, pero sólo a ellos se les ocurre afirmar tales barrabasadas. Ahora, a través de ruedas de prensa, este trío de obnubilados sostiene que hay avances significativos en la lucha contra la delincuencia. ¡Increíble pero cierto!
Suena a un caso de Ripley "aunque usted no lo crea". Y es que esta narrativa choca fuertemente con la percepción de inseguridad que prevalece entre los poblanos y lo respalda el INEGI con su reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada el mes pasado, en la cual el 84 % de los ciudadanos percibe la inseguridad en la capital.
Esta brecha entre los datos "oficiales" y la sensación de vulnerabilidad es una bofetada a la inteligencia de los poblanos, que además indigna y erosiona la credibilidad (si es que aún la tiene) del gobierno municipal. Para muchos poblanos, estas declaraciones suenan más como una burla a su experiencia diaria que como un reflejo de la realidad. Las ruedas de prensa parecen más un ejercicio de autoelogio que una solución tangible a sus preocupaciones.
Si acaso el ayuntamiento desea recuperar la credibilidad, deberá ir más allá de las cifras alegres y abordar con acciones concretas los retos de seguridad. Pero, mientras Chedraui, Rodríguez y Pallares celebran sus “logros” en conferencias de prensa, los ciudadanos se continuarán preguntando por qué sus calles no se sienten más seguras y seguirá sonando como una provocación a la inteligencia y paciencia de los poblanos.
