En el panorama actual de la justicia penal, una herramienta tecnológica ha ganado terreno como alternativa a la privación de la libertad en centros penitenciarios: los brazaletes de localización electrónica.
Estos dispositivos, cada vez más comunes, cumplen una función crucial en el sistema judicial, ofreciendo un enfoque diferente para el cumplimiento de sentencias y la vigilancia de personas bajo procesos penales.
¿Qué son y para qué sirven los brazaletes de localización?
Los brazaletes de localización son dispositivos electrónicos que se colocan en el tobillo de una persona. Su principal objetivo es monitorear su ubicación en tiempo real, asegurando que se mantenga dentro de un área geográfica predeterminada o que cumpla con ciertas restricciones de movimiento impuestas por un juez.
Su uso más extendido es como medida cautelar o como parte de una sentencia, permitiendo a las personas cumplir su pena fuera de prisión, bajo un estricto monitoreo. Esto busca favorecer la reinserción social al permitirles mantener sus lazos familiares y laborales.
¿Se pueden desactivar?
La desactivación de un brazalete de localización no es una tarea sencilla y, en la mayoría de los casos, está diseñada para ser imposible por la persona que lo porta. El dispositivo está construido con materiales resistentes y mecanismos de seguridad que, al ser alterados o removidos, emiten una alerta inmediata a la autoridad encargada de su monitoreo.
Intentar desactivarlo, cortarlo o manipularlo de cualquier manera constituye una falta grave a las condiciones impuestas por el juez, lo que puede resultar en la revocación del beneficio y el ingreso a prisión.
El uso de brazaletes de localización se suele asignar a personas acusadas o sentenciadas por delitos no violentos y de bajo riesgo. Los jueces evalúan cada caso de manera individual, considerando factores como el historial delictivo del individuo, la naturaleza del delito cometido y el riesgo de fuga o de reincidencia.
Algunos de los delitos por los cuales se pueden asignar incluyen:
- Delitos patrimoniales: como robo sin violencia, fraude o abuso de confianza.
- Delitos contra la salud: por posesión simple o narcomenudeo.
- Delitos de violencia familiar no grave: siempre y cuando no exista un alto riesgo para la víctima.
- Delitos de tránsito: como conducir en estado de ebriedad, con daños a terceros.
Es importante señalar que no se asignan en casos de delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, extorsión o violación, debido al alto riesgo para la seguridad pública.
¿Quién se encarga de su monitoreo?
El funcionamiento de estos dispositivos se basa en la tecnología de geolocalización (GPS) y en la comunicación por radiofrecuencia. El brazalete emite una señal constante que es recibida por una central de monitoreo.
Esta central, a través de un software especializado, puede rastrear la ubicación del individuo en tiempo real, verificar si se encuentra en su domicilio en los horarios establecidos o si ha violado alguna de las zonas de restricción.
La responsabilidad del monitoreo recae en diferentes autoridades, dependiendo del país y del sistema judicial. En México, por ejemplo, son las secretarías de seguridad pública estatales, a través de sus centros de control y monitoreo, las encargadas de esta tarea.
Estas centrales operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y están preparadas para emitir una alerta inmediata en caso de cualquier violación a las condiciones impuestas, lo que permite a las autoridades actuar de manera rápida y efectiva.
Aunque no son una solución para todos los casos, su uso demuestra el avance de la tecnología al servicio de la justicia, ofreciendo una alternativa viable a la cárcel para delitos de bajo riesgo, con el objetivo de reducir el hacinamiento penitenciario y facilitar el regreso de las personas a la vida productiva.
