Ídolos y delincuentes: el lado oscuro de los deportistas mexicanos

Julio César Chávez Jr. sigue en el centro de la polémica luego de obtener su libertad condicional tras ser vinculado a proceso por delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. Un juez en Sonora determinó que no era necesario mantenerlo en prisión preventiva e imponiéndole medidas cautelares como no salir de México, no contactar a testigos y presentarse en la próxima audiencia, fijada para el 24 de noviembre, tras un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Sin embargo, Chávez Jr. no es el único deportista mexicano que ha tenido enfrentamientos con la justicia por presuntos comportamientos criminales.

En 2017, el reconocido futbolista mexicano y capitán de la selección nacional Rafael Márquez fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos financieros con un supuesto narcotraficante. Como resultado, sus cuentas bancarias en México fueron congeladas temporalmente. Sin embargo, un juez mexicano ordenó descongelarlas en septiembre de 2017, y Márquez no enfrentó cargos formales en México. Nunca se comprobó su culpabilidad, y el caso generó controversia sobre la validez de las acusaciones.

Omar "el Gato" Ortiz es otro caso destacado de un deportista mexicano que enfrentó graves consecuencias legales por actividades criminales. Ortiz, ex portero profesional que jugó para clubes como Monterrey, Atlante, Necaxa, Jaguares de Chiapas y Celaya, fue sentenciado a 75 años de prisión el 8 de enero de 2019 por su participación en al menos tres secuestros, incluyendo el de una menor de edad y el del esposo de la cantante Gloria Trevi.

Esteban Loaiza es otro caso relevante de un deportista mexicano que enfrentó la justicia por actividades criminales. El exlanzador de las Grandes Ligas que jugó para equipos como los Piratas de Pittsburgh, Yankees de New York, Los Angeles Dodgers y Chicago White Sox, fue arrestado el 9 de febrero de 2018 en San Diego, California, tras ser encontrado con 20 kilogramos de cocaína en su vehículo durante una inspección de tráfico. En marzo de 2019, fue sentenciado a tres años de prisión en una cárcel federal de Estados Unidos, además de cinco años de libertad supervisada tras su liberación. Cumplió su condena en el Centro Médico Federal de Lexington, Kentucky, y fue liberado el 6 de agosto de 2021, tras lo cual fue deportado a México. 

Jesús “el Cabrito” Arellano, exfutbolista que brilló con los Rayados de Monterrey y la Selección Mexicana, enfrentó serias acusaciones legales por presunto abuso sexual. En 2017, su sobrina, entonces de 16 años, lo denunció por violación, alegando que el incidente ocurrió el 14 de enero de ese año en una casa. Arellano no se presentó a declarar el 24 de enero de 2017, lo que llevó a una orden de aprehensión y a que permaneciera prófugo durante más de dos años. El 4 de mayo de 2019, fue detenido por la Agencia Estatal de Investigaciones en Monterrey e ingresado al Penal del Topo Chico. Sin embargo, el 9 de mayo de 2019, la jueza de control Aída Reyes determinó que no había pruebas suficientes para vincularlo a proceso y ordenó su liberación tras solo cinco días de detención. 

En 2020, la parte afectada interpuso un recurso de apelación, y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal revocó la no vinculación a proceso, esto llevó a que un juez de control en Nuevo León emitiera una nueva orden de aprehensión en su contra el 5 de enero de 2021. Desde entonces, las autoridades han emitido órdenes de cateo para localizarlo, pero Arellano permanece prófugo y su paradero es desconocido.

En función de las condenas actuales y la naturaleza de los delitos, Omar "el Gato" Ortiz habría cometido los delitos más graves, dado que fue condenado a 75 años por secuestros, un crimen violento y directo con un impacto devastador, agravado por su vinculación al crimen organizado.

Sin embargo, si Julio César Chávez Jr. es hallado culpable de delincuencia organizada y tráfico de armas, sus delitos podrían considerarse de gravedad comparable o incluso superior debido al impacto sistémico del narcotráfico y la duración potencial de la pena podría ser de hasta 40 años o más