México investigaba desde 2020 posibles sobornos en Petróleos Mexicanos (Pemex), antes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos formales contra dos empresarios mexicanos por actos de corrupción. Así lo informó la secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro, durante la conferencia matutina del 29 de agosto.
El Departamento de Justicia estadounidense acusó a los empresarios Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga por supuestos pagos de sobornos a directivos de Pemex Exploración y Producción (PEP). Según el comunicado oficial, los pagos incluyeron "bienes de lujo, incluyendo algunos de Luis Vuitton y Hublot, pagos en efectivo y otros objetos de valor". Esto habría permitido a empresas ligadas a Rovirosa obtener contratos por 2,5 millones de dólares.
Durante su presentación, Buenrostro destacó que "Pemex realizó acciones preventivas y de sanción mucho antes que tuviera conocimiento que hubiera una investigación en Estados Unidos". Agregó que los contratos señalados en la denuncia fueron revisados internamente y, en algunos casos, cancelados o concluidos de manera anticipada antes de cualquier adjudicación.
#MañaneraDelPueblo ???? Raquel Buenrostro reveló que, aunque en México las investigaciones por sobornos en Pemex iniciaron en 2020, en Estados Unidos se comenzaron hasta 2024. pic.twitter.com/SdCGb0y9zA
— Ángulo7 Noticias (@angulosiete) August 29, 2025
Los empresarios mexicanos fueron señalados por conspirar para pagar cerca de 150.000 dólares a tres funcionarios de PEP entre 2019 y 2021. Las identidades de estos empleados no han sido reveladas. Rovirosa, de 46 años, ya fue capturado en Estados Unidos; mientras que Ávila, de 61, permanece prófugo. Este último trabajó previamente en Pemex y, según Buenrostro, fue inhabilitado por favorecer contratos con Oceanografía en administraciones pasadas.
En su exposición, la secretaria indicó que México continuará su propio proceso. "Nosotros queremos continuar con nuestras propias investigaciones que incluso iniciaron mucho antes en 2020". También informó que se reabrirán auditorías vinculadas a los contratos investigados tras detectarse posibles alteraciones en su supervisión previa.
Washington presentó la denuncia el 11 de agosto de 2025, invocando la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que permite sancionar a personas y empresas estadounidenses por actos de corrupción fuera del país. La fiscalía estadounidense señaló que este tipo de acciones "manipulan procesos de licitación para asegurar millones de dólares en lucrativos contratos".
Finalmente, el gobierno mexicano, según lo expuesto por Buenrostro, colabora con las autoridades estadounidenses sin suspender las acciones ya emprendidas. "Todas las empresas y exfuncionarios que resulten responsables deberán responder ante la autoridad y devolver al pueblo lo que robaron", afirmó. Las investigaciones continúan en ambas jurisdicciones. (NotiPress)
