La extorsión se ha consolidado como un problema de seguridad pública en el estado de Puebla, afectando a miles de ciudadanos. Aunque las autoridades han implementado estrategias para combatirla, la desconfianza y el miedo de la población a denunciar siguen siendo grandes obstáculos.
El delito cibernético más reportado en Puebla es la extorsión telefónica. Los delincuentes utilizan diversas artimañas para intimidar a las víctimas y las amenazas del crimen organizado son la modalidad más frecuente (37%).
Otras variantes comunes incluyen la supuesta retención de un familiar secuestrado o detenido por un delito, y amenazas por la difusión de fotografías comprometedoras.
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También se ha identificado el cobro de piso como otra forma de extorsión que afecta, especialmente, a locatarios de mercados, aunque este delito rara vez se denuncia.
La cifra negra y el miedo a denunciar
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, la cifra negra de delitos en Puebla —aquellos que no se denuncian o no inician una carpeta de investigación— es alarmante, alcanzando un 93% en 2023.
Esto evidencia que, a pesar de los esfuerzos del gobierno por promover la denuncia, un gran porcentaje de la población no lo hace, principalmente por miedo a represalias o por la desconfianza en las autoridades.
En 2023, sólo el 11.4% de los delitos fueron denunciados y, de ellos, se inició una carpeta de investigación en el 61.6% de los casos.
Sanciones y cifras oficiales
El Código Penal del Estado de Puebla establece que las sanciones para el delito de extorsión pueden incluir la prisión y una sanción pecuniaria (multa y reparación del daño). Para el 2025, se han propuesto penas de hasta 20 años de cárcel, especialmente cuando la víctima pertenece a un grupo vulnerable como menores, personas mayores o con discapacidad.
En lo que va de 2025, seis municipios concentran el 70% de las denuncias de extorsión: la capital es la que encabeza la lista con 55 carpetas de investigación. No obstante, Puebla se mantiene por debajo de la media nacional en incidencia de extorsión, ocupando el lugar 11 a nivel nacional.
El Gobierno Estatal ha reforzado la línea de denuncia anónima 089 y ha implementado operativos para decomisar celulares en centros penitenciarios, ya que se ha confirmado que las cárceles se han convertido en “call centers” para la extorsión.
