En su calidad de ciudadana, María Elena Pérez-Jaén Zermeño presentó formalmente ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el senador Adán Augusto López Hernández, actual coordinador de la bancada de morena en el Senado.
La demanda se centra en presuntos actos y omisiones durante su gestión como gobernador de Tabasco, que habrían favorecido al crimen organizado, particularmente al grupo "La Barredora", liderado por Hernán Bermúdez Requena, entonces secretario de Seguridad Pública.
Pero ¿qué es un juicio político?
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Un juicio político es un procedimiento constitucional previsto en los artículos 109, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y regulado por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Su propósito es sancionar a servidores públicos, por actos u omisiones graves que causen perjuicio a los intereses públicos fundamentales o al buen despacho de la administración pública.
Entre sus características clave, es un proceso político-administrativo, no penal, llevado a cabo por el Congreso de la Unión, cuyo objetivo es determinar si un servidor público incurrió en conductas que violen gravemente sus responsabilidades, como abuso de poder, negligencia, corrupción u omisiones que favorecieron al crimen organizado.
Las sanciones van desde la sustitución del cargo actual y la inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo de hasta 20 años y aplica a servidores públicos, pero en el caso de funcionarios con inmunidad constitucional, el juicio político puede derivar en un desafuero para permitir procesos penales posteriores.
El juicio político tiene repercusiones legales y políticas, pero su impacto depende del resultado y del contexto. Si el Senado declara culpable al servidor público, pierde su cargo y puede quedar inhabilitado por hasta 20 años, lo que tiene un impacto directo en su carrera pública.
No impone sanciones penales directamente, pero puede derivar en un desafuero, permitiendo que la FGR investigue y procese al acusado por los delitos imputados.
Finalmente, el juicio político no es sólo un “quemón” político, ya que puede tener repercusiones legales concretas y abrir la puerta a procesos penales. Sin embargo, su éxito depende de mayorías legislativas y voluntad política, lo que en este caso favorece a López por el control de Morena.
Aun si no prospera, la denuncia ya genera un impacto político significativo al cuestionar su gestión y la de la 4T en temas de seguridad y transparencia.
