La trágica muerte de Paloma Nicole Arellano, una adolescente de 14 años en Durango, ha sacudido a la sociedad mexicana y encendido un urgente debate sobre la regulación de las cirugías estéticas en menores de edad y el intrusismo profesional en el sector salud.
La menor falleció el pasado 20 de septiembre de 2025, una semana después de someterse a una cirugía de aumento de busto y lipoescultura, procedimiento presuntamente practicado por su padrastro con la autorización de su madre.
La Fiscalía del estado de Durango ha procedido a la detención de la madre de la víctima, Paloma Yasmín 'N', y de su pareja sentimental y padrastro de la menor, el cirujano Víctor Manuel 'N'.
Los delitos que se les están imputando, según la información de la Fiscalía, incluyen:
Omisión de Cuidado (a la madre): Como autora directa, por haber puesto en un peligro innecesario a la menor.
Autor cómplice de omisión de cuidado (al padrastro): Por participar en poner en peligro a la menor, de quien era pareja sentimental de su madre y con quien vivía la víctima.
Homicidio culposo: Aunque la causa de defunción inicial fue reportada como "enfermedad" y la necropsia preliminar señaló un edema cerebral y encefalopatía hipóxica, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo, a la espera de los resultados patológicos definitivos que se esperan para octubre.
Falsificación y uso de documento falso/uso indebido: El padrastro habría firmado como tutor de la menor sin serlo, además de que la madre presuntamente firmó en el expediente clínico como enfermera o auxiliar de enfermería sin contar con la acreditación para ejercer dichas funciones.
Esto último abre la puerta a otros posibles cargos relacionados con el ejercicio profesional.
Maquinación para ocultar el hecho: Ambos habrían planeado ocultar el procedimiento y el estado de salud de la menor al padre biológico, haciéndole creer que la adolescente estaba de viaje en la sierra o que había contraído COVID-19.
Pero hay otro delito que les están imputando y es el de usurpación de profesión.
El delito de usurpación de profesión se configura cuando una persona ejerce actos propios de una actividad profesional reglamentada sin contar con el título o la autorización legalmente expedida por las autoridades competentes.
Según el Código Penal Federal de México (Artículo 250), se sanciona con prisión y multa a quien sin tener título profesional o autorización para ejercer una profesión reglamentada:
Se atribuya el carácter de profesionista.
Realice actos propios de una actividad profesional.
Ofrezca públicamente sus servicios como profesionista.
Use un título o autorización sin tener derecho a ello.
La posible imputación de este delito en el caso de Paloma Nicole recae principalmente sobre la madre, Paloma Yasmín 'N', ya que la Fiscalía ha señalado que, pese a figurar en el expediente como enfermera o auxiliar, no contaba con las acreditaciones necesarias para fungir como tal en el quirófano.
Aunque el caso de Paloma Nicole terminó en una tragedia quirúrgica y el de Marilyn Cote en un escándalo de mala praxis psiquiátrica, hay una clara similitud legal que une a ambos: la presunta usurpación de profesión o intrusismo profesional.
En el caso de Paloma Nicole, la madre es señalada por la Fiscalía de haber ejercido funciones de enfermería o auxiliar en una cirugía estética sin contar con las credenciales o la cédula profesional para ello, lo cual encajaría en la figura de cometer actos propios de una actividad profesional sin autorización legal.
En el de Marilyn Cote, el caso que trascendió en Puebla, involucró a una mujer señalada de ejercer como psiquiatra y de medicar a pacientes, cuando supuestamente sólo poseía el título de abogada. Hacer diagnósticos y prescribir medicamentos, actos propios de un psiquiatra o médico, sin la especialidad y cédula correspondiente, también es una forma de usurpación de profesión o intrusismo profesional.
Ambos casos exponen el grave problema del ejercicio ilegal de profesiones en el sector salud, una práctica que no sólo atenta contra la fe pública, sino que pone en riesgo directo y fatal la salud y la vida de los ciudadanos.
