La reciente reforma a la Ley de Amparo en México ha encendido el debate público, polarizando a la clase política y a los expertos en Derecho. La modificación más significativa se centra en impedir que los jueces de amparo otorguen suspensiones provisionales o definitivas con efectos generales cuando se impugnan leyes o normas.
Esta medida ha sido defendida por el Poder Ejecutivo y sus aliados como un ajuste necesario al equilibrio de poderes y un freno al uso "desviado" del juicio de amparo, mientras que la oposición y organizaciones civiles la ven como una peligrosa regresión en la protección de los derechos ciudadanos.
Pero ¿en qué beneficia al ciudadano según los promotores?
Los impulsores de la reforma sostienen que busca evitar la utilización del amparo para obstaculizar obras, procedimientos administrativos o el cobro de impuestos que son de interés público y benefician a la mayoría.
Argumentan que limita el uso de la suspensión para frenar la aplicación de leyes o actos gubernamentales en general, obligando a que la protección (el amparo) sólo tenga efectos para el ciudadano o empresa que lo solicitó.
También se busca clarificar el alcance de la suspensión, asegurando que un solo juez no pueda paralizar la aplicación de una ley para toda la población, lo que consideran un riesgo para la gobernabilidad y el Estado de Derecho.
Otras reformas han incluido beneficios como la regulación del amparo vía electrónica y la reducción del tiempo para dictar sentencia en algunos casos, buscando mayor agilidad procesal.
La principal preocupación de la sociedad civil y la oposición radica precisamente en la restricción de las suspensiones con efectos generales, considerándolo un perjuicio directo a la sociedad.
Antes de la reforma, un juez podía suspender temporalmente la aplicación de una norma -por ejemplo, una ley ambiental, una reforma a la salud o una nueva regla administrativa- para todos los afectados, protegiendo a la colectividad mientras se resolvía el juicio de fondo. Ahora, la protección se reduce al individuo quejoso.
Al respecto, el abogado Gerardo León, en entrevista con Imagen Poblana, afirma que al tener efectos solo particulares, la reforma podría forzar a miles de ciudadanos a presentar amparos individuales contra la misma ley, saturando el Poder Judicial y haciendo la defensa de derechos más costosa y lenta para el ciudadano común.
Además, considera que al limitar la capacidad del Poder Judicial para frenar actos de autoridad o leyes potencialmente inconstitucionales con un efecto amplio, se percibe un desequilibrio que favorece al Ejecutivo y al Legislativo, dejando a los ciudadanos más desprotegidos frente a decisiones que violen sus derechos humanos.
El ciudadano ‘de a pie’ ¿conoce en qué consiste el amparo?
A pesar de que el Juicio de Amparo es la principal herramienta de defensa de los derechos humanos en México (el "juicio estrella" de nuestra tradición jurídica), la realidad es que el conocimiento es limitado entre la población general.
Gerardo León asegura que aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversas instituciones han intentado socializar el concepto, el lenguaje legal y la complejidad del proceso -como distinguir entre amparo directo e indirecto, o entender la figura de la suspensión-, hacen que la mayoría de los ciudadanos no lo perciban como un recurso accesible.
A menudo, el amparo se asocia con grandes corporativos o actores políticos, desviando la atención de su función esencial como escudo constitucional para cualquier persona frente a abusos o violaciones a sus derechos por parte de cualquier autoridad.
Por ello, la reforma ocurre en un contexto donde es importante intensificar la pedagogía constitucional para que el ciudadano entienda no sólo el alcance del amparo, sino también las implicaciones directas de las leyes que lo modifican.
