El sistema judicial mexicano, al igual que muchos en el mundo, se estructura bajo el principio de la doble instancia, una garantía fundamental para la correcta administración de justicia.
Dentro de esta estructura jerárquica, el Tribunal de Alzada juega un papel importante al actuar como un revisor de las decisiones judiciales tomadas en primera instancia.
Un Tribunal de Alzada, también conocido como Tribunal de Segunda Instancia, es el órgano jurisdiccional de jerarquía superior que tiene como función principal revisar y resolver las impugnaciones o recursos (como la apelación) presentados por alguna de las partes en un proceso judicial que no está conforme con la resolución o sentencia dictada por un órgano jurisdiccional de primera instancia (un Juzgado, por ejemplo).
En términos sencillos, cuando una persona litigante pierde un caso o considera que la sentencia inicial tiene errores de interpretación o aplicación del derecho, acude a este tribunal para que revalore el caso.
La labor de un Tribunal de Alzada es esencial para garantizar la legalidad y la justicia del fallo. Sus funciones se centran en el análisis y la corrección de la actuación del tribunal inferior.
La primordial es resolver los recursos de apelación y otros medios de defensa (como la queja o la reposición) interpuestos contra las resoluciones de los juzgados de primera instancia.
Examina si el juez o tribunal de primera instancia aplicó correctamente la ley, interpretó de manera adecuada los hechos y valoró apropiadamente las pruebas presentadas.
En caso de encontrar errores en la sentencia inicial (conocidos como agravios), el Tribunal de Alzada tiene la facultad de revocar, modificar o confirmar la resolución recurrida, subsanando así las posibles fallas procesales o de fondo.
Aunque el Tribunal de Alzada tiene la jurisdicción originaria de la controversia, esta es delegada al juez de primera instancia para el inicio del proceso. Al recibir la apelación, retoma esta jurisdicción para resolver de forma definitiva el litigio en esa instancia.
El sistema judicial mexicano se divide en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y los Poderes Judiciales Locales (en cada entidad federativa), cada uno con sus propias instancias y Tribunales de Alzada.
El Poder Judicial de la Federación (PJF) es la máxima autoridad judicial y se encarga de la justicia federal, constitucional y de los derechos humanos. Los principales órganos son:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que es el máximo tribunal constitucional del país. Sus Salas (Primera y Segunda) fungen a menudo como la última instancia para recursos de gran trascendencia.
Los Plenos Regionales tienen la función de resolver contradicciones de tesis entre los Tribunales Colegiados de Circuito de su región.
Los Tribunales Colegiados de Circuito son órganos colegiados (tres magistrados) que fungen como Tribunales de Alzada al conocer de recursos como el Amparo Directo contra sentencias definitivas.
Asimismo, los Tribunales Colegiados de Apelación son la instancia de alzada que revisa las resoluciones dictadas por los Juzgados de Distrito en primera instancia (por ejemplo, en juicios de amparo indirecto).
Y los Juzgados de Distrito, que son los órganos de primera instancia en materia federal (aunque también resuelven el Amparo Indirecto).
También se cuenta con los Tribunales Especializados y locales como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), órgano especializado en resolver controversias en materia electoral.
Los Tribunales Agrarios, que son aquellos que se especializan en la impartición de justicia en materia agraria.
Los Tribunales Superiores de Justicia locales son el máximo órgano judicial dentro de cada entidad federativa. Sus Salas (Civiles, Penales, Familiares, etcétera) actúan como Tribunales de Alzada conociendo de las apelaciones contra las sentencias de los Juzgados de Primera Instancia del fuero común.
Y los Tribunales de Justicia Administrativa, que son los que resuelven controversias entre particulares y la administración pública.
La existencia de un Tribunal de Alzada es un pilar de la justicia moderna, asegurando que las decisiones iniciales sean revisadas de manera imparcial por una instancia superior, dotando de seguridad jurídica a las partes involucradas.
