Senado envía al Ejecutivo la nueva Ley General de Agua

Senado envía al Ejecutivo la nueva Ley General de Agua

Foto: FreePik

La Cámara de Senadores de México aprobó y envió este viernes al Ejecutivo federal el dictamen del decreto de la nueva Ley del Agua que establece las bases para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, así como su interdependencia con otros derechos humanos.

 

"En lo general, la asamblea dio su respaldo a la propuesta que envió la Cámara de Diputados con 85 votos a favor y 36 en contra", informó la Cámara Baja en un comunicado tras la maratónica sesión que terminó en las primeras horas del viernes, celebrada poco después de que los diputados aprobaron el proyecto.

 

El documento, propuesto al Congreso por iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobado "protege y garantiza el derecho al agua para su consumo personal y doméstico, acceso, disposición y saneamiento", acorde con la Constitución y de los tratados internacionales de los que el país norteamericano es parte.

 

 

La nueva ley plantea las instancias, instrumentos y procedimientos para la participación de autoridades y ciudadanos en el acceso equitativo y uso sustentable del líquido.

 

En lo particular, senadores de diversas bancadas presentaron reservas para modificar diversos artículos, pero fueron rechazadas por el pleno con mayoría oficialista, mientras se realizaban protestas de agricultores en el norte del país ante los cambios en el manejo de las concesiones de mantos acuíferos.

 

DEBATE LEGISLATIVO

 

La nueva legislación prioriza el consumo humano y doméstico del agua ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso, según la bitácora del debate legislativo.

 

En la discusión, el senador del oficialista Óscar Cantón Zetina, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda), aseguró que el proyecto aprobado "elimina la visión mercantilista del agua y la regresamos a su dueño legítimo, que es el pueblo".

 

 

Por su parte la senadora del Partido Acción Nacional (centroderecha), Verónica Rodríguez, señaló desde la tribuna del pleno que esta reforma convierte el agua en un instrumento de "manipulación" política y electoral.

 

La legisladora opositora sostuvo que el proyecto aprobado "le da al Gobierno Federal la posibilidad de decidir de manera discrecional, quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias".

 

A su turno, la representante de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro), Carolina Viggiano, advirtió que este proyecto no tuvo estudios económicos ni presupuestales, ni contó con análisis de impacto financiero, ni tampoco asegura inversión para infraestructura, operación y vigilancia de los sistemas de agua.

 

 

"Además, no se consultó a los pueblos originarios, por lo que el derecho al agua queda en el discurso, no en la realidad", planteó.

 

En cambio, la senadora del Partido del Trabajo, integrante de la coalición gobernante, Lizeth Sánchez reiteró que esta legislación reconoce el patrimonio propio de más de 70.000 comités de agua, con derechos y obligaciones claras sobre "la transmisión expedita de derechos en herencias, compraventas y funciones".

 

El oficialismo argumenta que el uso agropecuario familiar del agua protege la economía de subsistencia y deja clara la diferencia entre los pequeños productores y los grandes agroindustriales.

 

Finalmente, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata), señaló que "los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano".

 

Dicho partido denunció que la ley concentra atribuciones en la gubernamental Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, con lo cual "crece el riesgo de arbitrariedad, de corrupción, favoritismos y de castigo político, crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes por lo que desincentiva la inversión y frena proyectos".

 

 

El Ejecutivo podría promulgar la ley después de que Sheinbaum regrese de Washington, tras el sorteo de la Copa del Mundo 2026 de fútbol, que se disputará en Norteamérica.

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