Un país en crisis, el costo de los megaproyectos fallidos de AMLO

México atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia, no hay indicadores positivos que equilibren el deterioro general del país, la violencia se mantiene en niveles alarmantes, la pobreza se profundiza, las enfermedades resurgen por fallas estructurales en el sistema de salud y las instituciones democráticas muestran signos claros de debilitamiento. 

El panorama comienza a asemejarse al de naciones del África subsahariana, marcadas por regímenes autoritarios, inseguridad crónica, precariedad económica y un Estado fallido por ser incapaz de garantizar seguridad, salud y educación.

El país sigue pagando la factura de las obras emblemáticas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, proyectos anunciados como símbolos de soberanía, bienestar y desarrollo que terminaron convertidos en elefantes blancos, sobrecostos multimillonarios y estructuras subutilizadas, que hoy presionan las finanzas públicas sin ofrecer los beneficios prometidos.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), inaugurado en marzo de 2022 como alternativa al saturado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ha sido uno de los símbolos más visibles de esta política fallida de infraestructura. Con un costo total estimado en más de 425,000 millones de pesos, el AIFA movilizó en 2025 apenas 7 millones de pasajeros, muy lejos de los 20 millones proyectados. 

La baja conectividad, el escaso interés de aerolíneas y pasajeros y la necesidad de subsidios continuos, como los 744 millones de pesos previstos en el Presupuesto de Egresos 2026, han llevado a diversos analistas a calificarlo como un proyecto fallido, pese a que el gobierno destaca periodos de equilibrio operativo con utilidades marginales.

Situación similar enfrenta el Tren Maya, concebido como el gran detonador económico del sureste del país; el proyecto ferroviario de 1,554 kilómetros, inaugurado por tramos entre 2023 y 2024, supera ya los 540,000 millones de pesos de costo total, lo que representa un sobrecosto de más del 170 % respecto a las estimaciones iniciales. 

En 2025, sus ingresos apenas cubrieron entre el 12 y el 13 % de los gastos operativos, lo que obligó a transferencias federales equivalentes a hasta 25 veces sus ingresos en algunos periodos. Además, el número de pasajeros transportados ha sido cercano a sólo el 5 % de la demanda originalmente prevista, en medio de críticas por su impacto ambiental y su dependencia permanente del erario.

Otro caso emblemático es la Megafarmacia del Bienestar, ubicada en Huehuetoca, Estado de México, diseñada para erradicar el desabastecimiento de medicamentos; aunque el costo total proyectado para sus 30 años de vida útil asciende a más de 15,000 millones de pesos, en sus primeros meses de operación surtió apenas entre dos y tres recetas diarias en promedio. 

En la práctica, ha operado como una bodega de almacenamiento sin impacto significativo en el sistema de salud, lo que ha generado cuestionamientos por la falta de resultados y transparencia.

En el ámbito financiero y social, los Bancos del Bienestar han logrado expandir una red de más de 3,100 sucursales para dispersar programas sociales; no obstante, informes y auditorías señalan pérdidas financieras acumuladas, altos costos operativos, sucursales con problemas legales y fallas recurrentes en sistemas. 

A pesar de los miles de millones de pesos transferidos desde la banca de desarrollo y de presupuestos crecientes año con año, la institución no ha alcanzado rentabilidad y continúa dependiendo del financiamiento público.

Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, creadas para ampliar el acceso a la educación superior en zonas marginadas, presentan un balance mixto; con un presupuesto anual que ronda los 2,500 millones de pesos y una matrícula cercana a los 85,000 estudiantes, el programa, dicen, ha entregado más de 10,000 títulos en 2025.

Sin embargo, persisten rezagos graves en la emisión de títulos y cédulas profesionales, con esperas de hasta tres años, lo que limita la inserción laboral de los egresados y ha generado inconformidad entre estudiantes y docentes.

La reconversión de Islas Marías, de penal federal a centro turístico y reserva ecológica, tampoco ha cumplido las expectativas económicas anunciadas. Aunque el proyecto opera con bajo impacto ambiental y enfoque de conservación, el flujo turístico es reducido, alrededor de 80 visitantes por semana, muy lejos de las proyecciones iniciales de cientos de turistas diarios, además la falta de cifras públicas claras sobre su costo total también ha alimentado la opacidad en su evaluación.

En tanto, Litio para México, la empresa estatal creada tras la nacionalización del litio, se mantiene prácticamente en el papel con un presupuesto anual de apenas 13 a 14 millones de pesos destinado casi exclusivamente a gastos administrativos, no ha iniciado procesos de exploración ni explotación, no genera ingresos y enfrenta rezagos tecnológicos, además de posibles litigios internacionales.

Finalmente, Gas Bienestar, presentado como una alternativa para reducir el precio del gas LP, ha quedado limitado a unas cuantas alcaldías de la Ciudad de México. Tras invertir más de 2,000 millones de pesos en su arranque, el programa no logró escalar a nivel nacional ni generar utilidades, sin un impacto sostenido en los precios del combustible doméstico.

En conjunto, estos proyectos concentran sobrecostos de cientos de miles de millones de pesos y dependen de subsidios constantes, lo que presiona las finanzas públicas en un contexto de endeudamiento, pobreza persistente y creciente inseguridad. 

Mientras el gobierno defiende beneficios sociales indirectos, críticos advierten que los resultados no corresponden a la magnitud de los recursos invertidos y que el costo de oportunidad ha sido alto para un país con amplias carencias estructurales.