El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece una jornada máxima de 40 horas semanales.
Dicha reforma busca alinear a México con estándares internacionales de justicia laboral, salud pública y calidad de vida, con base en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según estimaciones oficiales, la modificación podría beneficiar a alrededor de 13.5 millones de trabajadores formales, aunque menos de la mitad de la población económicamente activa quedaría cubierta directamente por estos cambios.
Uno de los principales ejes de la reforma es la reducción gradual de la jornada laboral, aunque la meta final de 40 horas semanales será alcanzada hasta 2030, el periodo de transición contempla ajustes paulatinos de dos horas menos por año: 48 horas en 2026; 46 en 2027; 44 en 2028; y 42 en 2029.
El propósito de esta progresividad es permitir, según, la adaptación de empresas y sectores productivos sin afectar productividad ni competitividad.
En materia de días de descanso, la reforma mantiene el esquema vigente de al menos un día con goce íntegro de salario por cada seis días laborados, no se incorporó la exigencia de dos días de descanso obligatorio, que sindicalistas y trabajadores habían reclamado, dejando flexibilidad para que patrones y empleados acuerden la distribución de la jornada.
La reforma también introduce cambios en el régimen de horas extras, el cual eleva el límite máximo permitido de 9 a 12 horas extraordinarias por semana, con posibilidad de distribuirlas en hasta 4 horas diarias durante un máximo de 4 días por semana.
Estas horas deberán pagarse al 100 % adicional sobre el salario ordinario y se prohíbe expresamente el trabajo extraordinario a menores de 18 años; el texto prevé pagos aún más altos, de hasta 200 % , en caso de exceder el límite permitido.
Aunque la reforma no modifica directamente salarios, prestaciones ni el reparto de utilidades, críticos han señalado posibles impactos indirectos, como ajustes en esquemas de turnos o mayor retención de ISR por pago de horas extras.
La iniciativa fue presentada por el Senado como un “paso histórico” hacia la justicia laboral, respaldada por su mayoría y apoyos parlamentarios; sin embargo, sindicatos, activistas laborales y algunos legisladores de oposición han expresado críticas.
Entre las preocupaciones destaca que la falta de obligatoriedad de dos días de descanso diluye los beneficios reales para los trabajadores y que el aumento del tope de horas extras podría facilitar la exigencia de jornadas extendidas bajo pago doble.
También se ha cuestionado la progresividad de la reforma, pues su entrada en vigor completa hasta 2030 dilata los beneficios, dejando a trabajadores en el esquema actual por varios años. Algunos analistas señalan que la reforma prioriza acuerdos con el sector empresarial, sobre demandas más amplias de la clase trabajadora.
En pocas palabras, está reforma reduce el tope legal máximo y protege salarios y prestaciones, lo que representa un progreso histórico, pero para quienes exigían 40 horas con dos días de descanso, de forma inmediata y sin resquicios para extender la jornada vía extras, les dieron “atole con el dedo”, ya que deja pendientes elementos clave para una verdadera mejora en calidad de vida y evita confrontar directamente intereses empresariales.
