Víctimas de robo vehicular enfrentan un “doble castigo” para recuperar sus autos

El Operativo “Cero Robos”, implementado por la Guardia Nacional en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Fiscalía General del Estado (FGE) y autoridades federales y municipales, ha permitido la recuperación de 1,012 vehículos particulares y 206 unidades de carga desde agosto de 2025 a la fecha.

No obstante, para las víctimas de robo vehicular, la recuperación de sus unidades no representa el final del problema, por el contrario, inicia un proceso que puede ser largo, burocrático y costoso, al grado de convertirse en un nuevo obstáculo para recuperar su patrimonio.

De acuerdo con la FGE, el trámite de devolución de vehículos recuperados o asegurados es presencial y únicamente puede llevarlo a cabo el propietario legítimo o su representante legal, siempre que exista una denuncia previa.

El procedimiento incluye la entrega de documentos para acreditar la propiedad, como identificación oficial, factura, tarjeta de circulación o pedimento de importación, la solicitud de un oficio de autorización ante la Agencia de Investigación Especializada y la posterior liberación del vehículo.

Aunque el trámite administrativo ante la Fiscalía es gratuito, los costos se concentran en los depósitos vehiculares o corralones. Para retirar la unidad, los propietarios deben cubrir pagos por arrastre, maniobras y almacenamiento, los cuales se acumulan durante el tiempo que el vehículo permanece asegurado como parte de la investigación.

Este periodo puede extenderse por semanas o incluso meses, lo que incrementa significativamente el monto a pagar, y en muchos casos, los costos superan el valor comercial del automóvil, especialmente cuando se trata de unidades antiguas o de bajo costo.

Las tarifas por arrastre y por resguardo en corralón en Puebla están reguladas por la Secretaría de Movilidad y Transporte y fueron actualizadas para 2026 con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), fijada en aproximadamente 117.31 pesos.

Para este año, las tarifas diarias aproximadas van desde 20.65 pesos para bicicletas y motocicletas, hasta 279.08 pesos para tractocamiones con doble semirremolque; en el caso de automóviles, el cobro es de 65.93 pesos por día.

A estos costos se suman el arrastre, cuyo monto depende del tipo de grúa, la distancia y el motivo del servicio, como infracción o recuperación por robo, así como las multas correspondientes al momento de liberar la unidad, lo que puede incrementar significativamente el gasto total para los propietarios.

Ante este panorama, el diputado local Jaime Aurioles Barroeta, presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de exentar a las víctimas de estos pagos cuando el vehículo haya sido recuperado por la autoridad y se acredite la propiedad.

Pero, mientras tanto, la problemática ha generado un fenómeno recurrente: propietarios que optan por no reclamar sus vehículos, y es que cuando el costo del corralón iguala o supera el valor de la unidad, la recuperación deja de ser viable económicamente, en otros casos, quienes cuentan con seguro ya recibieron una indemnización y prefieren evitar gastos adicionales.

Históricamente, esta situación ha derivado en la acumulación de miles de vehículos abandonados en depósitos vehiculares en Puebla, algunos de los cuales han sido posteriormente subastados o enajenados por el gobierno estatal.

Así, aunque el Operativo “Cero Robos” representa un avance en el combate al robo de vehículos, el proceso posterior evidencia una falla estructural que, para muchas víctimas, prolonga el impacto del delito y genera lo que especialistas y afectados describen como un “doble castigo”.