El Gobierno de EEUU encargó a fiscales federales el uso de leyes antiterroristas para investigar a funcionarios mexicanos con presuntos vínculos con el narcotráfico, informó este viernes The New York Times, citando a una fuente oficial.
"Según un funcionario estadounidense familiarizado con las declaraciones, la administración que preside Donald Trump intensificó significativamente esta semana su campaña contra el narcotráfico procedente de México al instruir a los fiscales federales para que persiguieran a los funcionarios mexicanos cómplices del tráfico de estupefacientes con la intención de acusarlos en virtud de las leyes antiterroristas", reportó el diario.
????El Departamento de Justicia de EU intensificaría su estrategia contra el narcotráfico al instruir a fiscales federales a perseguir a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al tráfico de drogas bajo estatutos de terrorismo, reporta The New York Times.
— Azucena Uresti (@azucenau) May 15, 2026
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La solicitud fue realizada el miércoles por el subprocurador general adjunto Aakash Singh durante una conferencia telefónica a puerta cerrada con fiscales de las oficinas regionales, agrega la nota.
"Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para apoyar a terroristas y monstruos que trafican con miseria y veneno", declaró Singh, según la fuente.
A finales de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros nueve funcionarios estatales, actuales y anteriores, de delitos relacionados con el narcotráfico y las armas.
Moya rechazó lo que calificó de "acusaciones infundadas" y expresó su optimismo de que su inocencia se demostrará a su debido tiempo, y luego se retiró temporalmente de su cargo.
Tras este suceso, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum rechazó la acusación contra los funcionarios, calificándola de injerencia en los asuntos internos de México.
Sheinbaum recalcó que si el Departamento de Justicia de EEUU no presenta pruebas claras que respalden las acusaciones contra los funcionarios del Cártel de Sinaloa, quedará claro que su acción tiene motivaciones políticas.