El linchamiento de Juan Felipe García Mena, ocurrido el pasado 3 de julio en la comunidad de San Juan Amecac, municipio de Cohuecan, volvió a colocar a Puebla en el centro del debate nacional sobre la justicia por propia mano.
Aunque las autoridades estatales reportan una disminución en el número de intentos y casos consumados durante los últimos meses, la entidad continúa siendo una de las más afectadas por este fenómeno y la mayoría de los responsables permanece en la impunidad.
???????? Un hombre de 33 años murió tras ser linchado y quemado vivo por un grupo de pobladores en la carretera federal a San Juan Amecac, en el municipio de Cohuecan, luego de que fuera señalado por supuestamente robar unos neumáticos. Su acompañante logró escapar.
— Imagen Poblana (@ImagenPoblana) July 4, 2026
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De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Gobernación (Segob), durante 2024 se registraron 169 intentos de linchamiento, 116 personas retenidas y 11 casos consumados, la cifra más alta del último lustro.
En contraste, entre el inicio de la actual administración estatal y agosto de 2025 se contabilizaron 49 intentos de linchamiento, tres casos consumados y 26 personas retenidas, lo que representa una reducción de alrededor de 71% en los intentos y del 66 % en los linchamientos consumados respecto al periodo comparable anterior.
No obstante, en 2026 ya se han registrado al menos dos linchamientos consumados, incluido el ocurrido en Cohuecan, por lo que el problema continúa vigente.
Autoridades y organismos de derechos humanos coinciden en que el robo en sus distintas modalidades sigue siendo el principal motivo que desencadena los linchamientos, concentrando cerca de 76 % de los casos recientes.
A ello se suman acusaciones de secuestro, presuntos casos de "robachicos", extorsión o acoso sexual, muchas veces alimentadas por rumores difundidos en redes sociales o aplicaciones de mensajería, sin que exista una investigación previa.
El fenómeno también refleja la desconfianza de la población hacia las instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como la percepción de impunidad frente a la delincuencia.
En los últimos años, varios linchamientos ocurridos en la entidad han tenido repercusión nacional. Uno de los más recientes ocurrió el 3 de julio de 2026, cuando Juan Felipe García Mena, de 33 años y originario de San Pedro Cholula, fue golpeado y quemado por una turba en San Juan Amecac, Cohuecan.
Habitantes lo acusaron de robar llantas usadas mientras llevaba a cabo labores de compra de chatarra junto con un acompañante que logró escapar.
En diciembre de 2024, tres hombres fueron asesinados en la misma comunidad de San Juan Amecac, luego de ser acusados por pobladores de intentar secuestrar a una menor; dos fueron quemados y uno colgado de un poste.
Otro caso que generó indignación ocurrió en junio de 2024, cuando cuatro hombres fueron linchados y calcinados en la junta auxiliar de San Jerónimo Coyula, en Atlixco, tras ser señalados por el presunto robo de un vehículo.
En 2022, el abogado y exasesor legislativo Daniel Picazo fue confundido con un supuesto "robachicos" en la comunidad de Papatlazolco, Huauchinango; fue golpeado y quemado vivo, en un hecho que provocó condenas a nivel nacional.
Uno de los episodios más violentos ocurrió en 2019, cuando siete personas fueron linchadas en los límites de Cohuecan y Tepexco tras ser acusadas de secuestro.
Antes de ello, Puebla ya había sido escenario de casos emblemáticos como el de los dos encuestadores asesinados en Ajalpan en 2015 y el de dos familiares quemados vivos en Acatlán de Osorio en 2018, ambos derivados de falsas acusaciones de ser "robachicos".
Pese a la gravedad de estos hechos, las sentencias siguen siendo escasas, el linchamiento no está tipificado como un delito específico en el Código Penal de Puebla, por lo que los responsables suelen ser procesados por homicidio, lesiones u otros delitos relacionados.
Datos judiciales muestran que entre 2019 y 2023 únicamente se dictaron seis sentencias, cinco condenatorias y una absolutoria, a pesar de las decenas de casos registrados durante ese periodo.
En expedientes como los de San Nicolás Buenos Aires y Huauchinango sí hubo detenciones y órdenes de aprehensión; sin embargo, en la mayoría de los linchamientos resulta complicado identificar a quienes participaron dentro de las turbas, por lo que gran parte de los involucrados nunca enfrenta un proceso penal.
El Gobierno del Estado ha reforzado los protocolos de actuación con la participación de policías municipales, estatales, Guardia Nacional, Sedena y personal de Gobernación para intervenir cuando se reporta la retención de personas.
Aunque estas acciones han contribuido a disminuir los intentos de linchamiento, organismos de derechos humanos advierten que el problema persistirá mientras no se fortalezca la confianza ciudadana en las instituciones, se combata la impunidad y se garantice una respuesta rápida de las autoridades ante los rumores o acusaciones que suelen detonar este tipo de hechos.
