México ha comenzado a acelerar su estrategia frente al crecimiento de la inteligencia artificial (IA), una tecnología que ya transforma la educación, el empleo, la comunicación, la seguridad y los servicios públicos, pero el país todavía enfrenta un pendiente central: carece de una ley general que establezca reglas para el desarrollo y uso de estas herramientas.
Hasta septiembre de 2026, la regulación mexicana de la inteligencia artificial permanece fragmentada. En lugar de un marco jurídico integral, hay disposiciones que abordan algunos de sus efectos desde ámbitos como la protección de datos personales, los derechos laborales, los derechos de autor, la salud y la protección al consumidor.
Esto significa que empresas, instituciones y ciudadanos utilizan sistemas de IA dentro de un escenario jurídico que todavía está en construcción; uno de los principales avances ocurrió en abril de este año, cuando la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones presentó el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, con una visión orientada a fortalecer la soberanía tecnológica del país.
La estrategia contempla tres grandes ejes: establecer un marco ético y legal, desarrollar capacidades y talento nacional e impulsar infraestructura tecnológica.
Entre los proyectos planteados destacan la llamada Fábrica de IA, enfocada en desarrollar soluciones para el gobierno, y la supercomputadora Coatlicue, proyectada con una capacidad superior a 14,000 GPUs. El gobierno también ha impulsado los llamados Principios de Chapultepec, que establecen que la inteligencia artificial debe ampliar los derechos de las personas y no reducirlos, además de mantener responsables humanos identificables detrás de las decisiones apoyadas por estas tecnologías.
Aunque todavía no hay una legislación general, México ya comenzó a establecer límites concretos en determinados sectores; en mayo de 2026 entraron en vigor reformas relacionadas con el uso de inteligencia artificial para reproducir la voz y la imagen de artistas intérpretes o ejecutantes. Las modificaciones establecen que su utilización mediante sistemas de IA debe contar con consentimiento expreso y por escrito, además de definir las condiciones y remuneraciones correspondientes.
El Congreso también analiza cambios al Código Penal Federal para sancionar la generación, simulación o edición de imágenes, videos o audios de contenido íntimo mediante inteligencia artificial sin consentimiento. La propuesta contempla penas de prisión y establece una protección reforzada cuando las víctimas sean menores de edad.
Estas medidas reflejan uno de los principales problemas que ha acompañado la expansión de la IA: la facilidad con la que pueden generarse deepfakes, contenidos falsos o manipulados capaces de afectar la intimidad, reputación y seguridad de las personas.
El debate legislativo, sin embargo, va mucho más allá de los contenidos generados artificialmente. En el Senado se ha trabajado en una propuesta de Ley General para Regular y Fomentar la Inteligencia Artificial, que plantea crear una Autoridad Nacional de IA, una Estrategia Nacional, un Fondo Nacional para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial y un Sistema Nacional de Certificación.
El proyecto contempla además un modelo basado en riesgos, con restricciones para determinadas aplicaciones consideradas especialmente peligrosas, entre ellas se encuentran la manipulación cognitiva o electoral, determinados sistemas de vigilancia masiva, los deepfakes sexuales sin consentimiento y el desarrollo de sistemas autónomos letales sin supervisión humana.
Algunas propuestas legislativas también buscan modificar el artículo 73 constitucional para otorgar al Congreso de la Unión facultades expresas para legislar en materia de inteligencia artificial, paralelamente, existen iniciativas enfocadas en ámbitos específicos como la utilización de IA en el sector salud.
¿Regular o dejar avanzar la tecnología?
El debate no consiste únicamente en decidir si México debe regular la inteligencia artificial, sino en determinar hasta dónde deben llegar esos límites; la necesidad de establecer reglas resulta cada vez más evidente ante riesgos como la creación de imágenes íntimas falsas, la discriminación mediante algoritmos, la manipulación de información durante procesos electorales, la sustitución de empleos y el uso de sistemas automatizados para tomar decisiones que pueden afectar derechos fundamentales.
Pero una regulación excesivamente rígida también podría convertirse en un obstáculo para la innovación, la inversión y el desarrollo de tecnología nacional. México enfrenta precisamente el desafío de incrementar sus capacidades en un campo en el que otras economías ya llevan ventaja.
El reto para México será encontrar ese equilibrio, la inteligencia artificial ya está avanzando más rápido que las leyes, y el país deberá decidir si responde únicamente cuando aparezcan nuevos problemas o si construye desde ahora un marco capaz de proteger derechos sin frenar la innovación.
Por lo pronto, México ya pasó de una etapa de escasa regulación a una agenda pública que incluye estrategia nacional, principios éticos, reglas sectoriales y propuestas legislativas. El pendiente es convertir estos esfuerzos en una legislación integral que ofrezca certeza jurídica y establezca con claridad qué puede hacer la inteligencia artificial, qué debe supervisarse y qué usos definitivamente no deberían permitirse.
