La localización de un campo de exterminio en Xalisco, Nayarit, puso bajo la lupa la incapacidad de las autoridades para localizar fosas clandestinas y sitios utilizados por grupos criminales para ocultar o destruir restos humanos.
Una vez más fueron los colectivos de familiares de personas desaparecidas los que aportaron información clave para llegar a un lugar que permanecía oculto.
El predio ubicado en la localidad de La Curva, municipio de Xalisco, comenzó a ser procesado por la Fiscalía General del Estado el 3 de octubre, en el sitio se localizaron prendas de vestir, mochilas, objetos personales, fragmentos óseos y una fosa clandestina con cuerpos de data reciente, además de indicios de que los cuerpos habrían sido incinerados.
Pero la información que permitió orientar la búsqueda no surgió únicamente de una investigación ministerial, sino que integrantes del Colectivo Familias Unidas por Nayarit habían recibido desde febrero y marzo de 2026 avisos anónimos sobre una posible fosa en la zona y ya habían llevado a cabo labores de búsqueda.
.jpg)
Una nueva llamada anónima permitió ubicar el sitio y, posteriormente, integrantes del colectivo se incorporaron a los trabajos de búsqueda y procesamiento; su participación volvió a evidenciar el papel que desempeñan las familias en la localización de lugares relacionados con desapariciones.
El caso de Nayarit recuerda lo ocurrido en marzo de 2025 en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco; el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al predio el 5 de marzo, después de recibir llamadas anónimas, y encontró cientos de prendas de vestir, zapatos, mochilas, objetos personales, restos óseos y evidencias de quemas.
El dato que provocó mayor indignación fue que el predio ya había sido asegurado e investigado por autoridades estatales y federales meses antes, en septiembre de 2024; sin embargo, los buscadores encontraron evidencias que no habían sido localizadas durante aquellas primeras diligencias.
Otro de los casos más emblemáticos ocurrió en Colinas de Santa Fe, Veracruz, donde el Colectivo Solecito descubrió en 2016 una de las mayores concentraciones de fosas clandestinas documentadas en el país.
Las madres buscadoras recibieron un mapa anónimo y comenzaron a recorrer el terreno, con el paso de los días localizaron decenas de fosas, además de cientos de restos humanos y miles de fragmentos óseos; el mismo predio había sido revisado previamente por autoridades, pero la dimensión del hallazgo revelada por el colectivo fue considerablemente mayor.
Estos casos plantean una pregunta incómoda: ¿los colectivos de búsqueda están siendo más eficientes que las instituciones encargadas de localizar a las personas desaparecidas?
Hay fiscalías, comisiones de búsqueda y equipos forenses que llevan a cabo investigaciones y localizaciones, sin embargo, los casos de La Curva, Rancho Izaguirre y Colinas de Santa Fe muestran una constante: la información proporcionada por familiares, las denuncias anónimas que llegan a los colectivos y su conocimiento del territorio han sido determinantes para descubrir sitios que permanecían fuera del alcance de las investigaciones oficiales.
Las familias también enfrentan condiciones que difícilmente deberían recaer sobre ellas; buscan con recursos propios, recorren terrenos peligrosos, reciben amenazas y, en muchos casos, tienen que insistir ante las autoridades para que sus hallazgos sean procesados y las evidencias sean incorporadas a las investigaciones.
La crisis adquiere mayor dimensión ante el número de personas desaparecidas en México y la cantidad de restos humanos que permanecen sin identificar en los servicios forenses; cada fosa localizada representa no solamente un hallazgo criminal, sino la posibilidad de devolverle un nombre a una víctima y una respuesta a una familia.
El problema, por ello, no es únicamente quién encuentra primero una fosa, la verdadera discusión está en por qué las madres, padres, hermanos e hijos de personas desaparecidas tienen que convertirse en investigadores, rastreadores y especialistas forenses para encontrar a quienes el Estado no ha podido localizar.
Desde Veracruz hasta Jalisco y ahora Nayarit, los colectivos han demostrado que la información está ahí: llega mediante llamadas anónimas, vecinos, testimonios y años de búsqueda, el desafío para las autoridades es convertir esa información en investigaciones eficaces, reforzar sus capacidades de búsqueda y evitar que sean las propias familias quienes tengan que exponerse para sacar a la luz los lugares donde fueron ocultadas las víctimas.
