Platicamos usted y yo en la anterior entrega de este Índice Político de como Zoé Robledo saboteó a López Obrador creando una “megafarmacia” virtual, lo mismo que una campaña en contra de la Megafarmacia del Bienestar.
La virtual aún adquiere medicamentos e insumos a precios inflados y con “ganancias” para los directivos del IMSS y sus familiares, a diferencia de las mejores condiciones que significan las compras consolidadas que, en esta Administración. la señora Claudia Sheinbaum asignó a manos diferentes a las de Robledo.
Va un ejemplo, extraído de la amplia y sólida investigación de trabajadores y empleados de confianza del Instituto, hartos de las transas de su director general al que denuncian.
Se trata de la atención de la diabetes, padecimiento que afecta a más del 16% de la población adulta y continúa siendo uno de los mayores retos de salud pública, con altas tasas de prevalencia y importantes desafíos en la atención médica.
La sitagliptina, medicamento utilizado en el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, aparece entre los productos que merecen un examen particularmente cuidadoso. A ello se suma información comercial preliminar proporcionada para esta investigación, atribuida a registros empresariales y comparativos de adquisiciones del IMSS.
Dos de las presentaciones analizadas, dapagliflozina de 10 miligramos y sitagliptina de 100 miligramos, muestran en las láminas importes de compra aproximados de 314.1 y 396.4 millones de pesos, respectivamente, frente a costos comerciales estimados de 58.8 y 117.6 millones.
La diferencia agregada supera los 534 millones de pesos. Los documentos, a primera vista pueden no constituir por sí mismos una prueba de sobreprecio ilícito, ni permiten concluir que toda esa diferencia represente una utilidad efectivamente obtenida; su valor radica en ofrecer operaciones y magnitudes que deben compararse con contratos, cantidades, precios y costos verificables.
Pero plantean una pregunta incómoda: ¿por qué una institución con semejante capacidad de negociación habría de pagar, en determinadas operaciones, cantidades considerablemente superiores a las obtenidas por otros compradores públicos para medicamentos equivalentes?
Robledo debe responder esa interrogante ante las instancias Anticorrupción y Buen Gobierno.
Robledo burla la licitación consolidada
La batalla por el control de las compras adquiriría una nueva dimensión con la preparación de la adquisición consolidada 2025–2026. Con Claudia Sheinbaum en la Presidencia, Eduardo Clark García Dobarganes asumió responsabilidades centrales en la coordinación sectorial de medicamentos. Provenía del equipo de transformación digital y gestión gubernamental de Ciudad de México, con experiencia en información, sistemas y administración de proyectos públicos.
La encomienda era formidable: reunir las necesidades de numerosas instituciones, coordinar la evaluación técnica de miles de claves y conseguir que los fabricantes entregaran oportunamente miles de millones de piezas. Tarea que requería capacidad analítica y administrativa, pero también conocimiento profundo de la industria farmacéutica y de sus restricciones productivas.
Porque los medicamentos, a diferencia de las presentaciones digitales, no se producen apretando una tecla. Los principios activos tienen que adquirirse, las materias primas importarse, las líneas reservarse, los lotes fabricarse y los productos someterse a controles de calidad antes de salir al mercado.
Dependiendo de la molécula y de la disponibilidad de inventarios, una operación de abastecimiento de gran volumen puede requerir entre cuatro y seis meses, e incluso más para que llegue a una farmacia.
No todos los medicamentos tienen los mismos tiempos de reposición, pero la planeación debe reconocer esas diferencias. En una adquisición nacional, el calendario no es un detalle administrativo: forma parte de la viabilidad de toda la operación.
Novatada a Clark, regalo su “amigo” Zoé
Eduardo Clark terminó siendo un ¿involuntario? cómplice para generar recursos “para las campañas” mediante las compras regionales del IMSS.
Y esas serían las campañas para beneficiar a Zoé, a su hermano Gabino, a su padre Eduardo y a sus funcionarios complicitados. Podría justificar Jorge de Anda, los videos entrando a las oficinas y el departamento en Polanco de Aldo Diaz, el Hidra de Lerna, para negociar las asignaciones directas por más de 5 mil millones de pesos a sus más de 30 empresas … o múltiples cabezas.
¿Podría el mismo Jorge de Anda, un funcionario de cuarto nivel en el IMSS justificar sus múltiples departamentos en Cancún, en Paseo de la Reforma y en Polanco?
¡Y qué tal, su subordinada Carina Sarmiento, con su sueldo del IMSS estrenando departamento en la Torre Mitika!, ¿o transportándose en su mítica camioneta blindada último modelo, que decía ella le habían prestado?
Los antecedentes de esta investigación sitúan uno de los principales conflictos en la oportunidad con la que se integró la demanda institucional. La documentación pública muestra que el IMSS participó en el procedimiento y que aunque le fue solicitada la planeación de la demanda por Birmex desde el mes de marzo, su director abiertamente giró instrucciones a sus subordinados de no entregar dicha demanda, y no fue sino hasta finales de noviembre de 2024, ya con la nueva administración cuando empezaron a entregar, por partes los requerimientos para el proceso de adquisición, aunque la información resultó incompleta hasta la segunda semana de diciembre de 2024.
La información adicional proporcionada por el grupo de investigación, sin embargo, documentó retrasos y modificaciones posteriores de componentes relevantes de esa demanda, incluso durante diciembre, respecto de compromisos de coordinación previamente establecidos.
Esa diferencia entre la primera integración y la versión definitiva resulta esencial para reconstruir lo ocurrido. Una institución puede haber entregado información dentro de un procedimiento y, al mismo tiempo, haber realizado modificaciones tardías con efectos sobre la programación de compra.
Una investigación de Raquel Buenrostro debería determinar qué claves cambiaron, qué cantidades se ajustaron, cuándo se validaron y cómo afectaron los calendarios de adjudicación y producción.
Lo que resulta evidente desde la perspectiva industrial es que el tiempo perdido en la planeación no siempre puede recuperarse después.
Cuando una demanda nacional de gran volumen se comunica demasiado cerca de la fecha de suministro, los fabricantes enfrentan restricciones que ninguna conferencia de prensa puede resolver. Las fábricas no funcionan por decreto, ni los lotes terminados aparecen mágicamente cuando se publica un fallo.
Para los “cómplices”, información privilegiada
El retraso en la definición de necesidades para la licitación 2025 – 2026 produjo, además, un escenario comercial particularmente interesante. Mientras los fabricantes participantes en la compra consolidada debían organizar sus procesos productivos, los distribuidores que ya contaban con inventarios disponibles podían encontrarse en condiciones de responder a necesidades inmediatas. La disponibilidad del producto adquiría entonces un valor extraordinario. La investigación de los trabajadores y empleados de confianza del IMSS tiene evidencia de algunos proveedores que conocieron con anticipación determinadas necesidades institucionales y prepararon inventarios para posteriormente poder ofrecer, mediante adjudicaciones excepcionales y por encargo de algunos funcionarios del IMSS, a algunos proveedores, entre ellas las múltiples cabezas o empresas utilizadas por los Aldo Diaz, y otros ¿cómplices?, que ya estaban negociando en la India principios activos para los medicamentos de la licitación desde el mes de noviembre de 2023.
El hecho de mantener existencias no representa como tal una irregularidad; la previsión comercial es parte legítima del negocio farmacéutico. La cuestión cambia cuando existe información institucional reservada que permite anticipar necesidades específicas y obtener ventajas indebidas frente a otros participantes.
Y más cuando una sola institución, el IMSS, representaba más del 50% de la demanda, por lo que esos “con$entidos” pudieron relacionar las fechas de adquisición de inventarios con las versiones previas de demanda nacional anual, las comunicaciones con funcionarios y las adjudicaciones posteriores.
La historia comercial no se encuentra solamente en el precio final, sino en la secuencia completa de operaciones. Quién conocía las cantidades, cuándo adquirió el producto, cuánto tiempo permaneció almacenado y cómo terminó vendiéndolo a una institución pública. Son detalles menos espectaculares que una inauguración presidencial, pero considerablemente más útiles para comprender quién obtuvo beneficios económicos de las dificultades del sistema.
Y así hizo fracasar a Eduardo Clark
La compra consolidada 2025–2026 terminó enfrentando retrasos, problemas de evaluación técnica, procedimientos cuestionados y la necesidad de recurrir a adquisiciones complementarias para cubrir el periodo de transición.
Las entregas principales estaban programadas para comenzar en marzo de 2025, mientras el gobierno necesitaba resolver la demanda inmediata de los primeros meses del año. Posteriormente, diversas irregularidades llevaron a cancelar la primera compra y reorganizar los procedimientos. Eduardo Clark reconoció públicamente errores de planeación y evaluación que afectaron el abastecimiento.
Esa declaración tiene una importancia particular porque muestra que el problema no se limitaba a los proveedores que no entregaban ni a los transportistas que llegaban tarde. Existían también dificultades en la arquitectura institucional de las adquisiciones. Birmex, las instituciones participantes y la Secretaría de Salud tenían responsabilidades distintas y complementarias; el resultado dependía de que cada una cumpliera oportunamente con su parte.
Una demora en la farmacia podía comenzar meses antes, con una necesidad mal calculada, una validación tardía, una adjudicación retrasada, un pedido incompatible con la capacidad productiva o una falla en la distribución.
El verdadero problema de una cadena nacional fragmentada es que cada participante puede señalar al siguiente cuando el medicamento no llega. La institución que solicitó culpa al fabricante; el fabricante señala la fecha en que recibió la orden; el operador logístico habla de inventarios que nunca estuvieron disponibles; el almacén registra lo que recibió y la farmacia explica lo que todavía falta.
Al final de esa cadena de responsabilidades repartidas espera un paciente cuya única pregunta es ¿por qué no le entregaron lo que su médico le prescribió?
En el caso del IMSS Bienestar, llegó un momento en que más del 50% de los pedidos ya llegaban vencidos, es decir más de 25 días después.
Zoé Robledo, pues, también le metió el pie a Claudia Sheinbaum quien en sus conferencias matutinas tenía que dar largas a los cuestionamientos o, de plano, mentir señalando que el desabasto de medicamentos solo era del 10%.
Y Sheinbaum por fin reconoció el desabasto
Que la Presidencia necesitara solicitar comprobaciones directas sobre disponibilidad mostraba las limitaciones de un sistema cuya información no siempre permitía representar completamente la experiencia de los derechohabientes.
No demostraba que todos los indicadores fueran falsos, pero sí hacía evidente que podían resultar insuficientes para medir el resultado final. La transparencia exige publicar cifras. La rendición de cuentas exige demostrar que esas cifras describen correctamente aquello que pretenden medir.
Y una cadena nacional de suministro verdaderamente integrada debería disponer de información suficientemente oportuna para identificar faltantes antes de que las quejas terminen llegando hasta Palacio Nacional.
Este viernes16 de octubre, la verdad salió a la luz.
La señora Claudia Sheinbaum, finalmente, reconoció el enorme problema que para su administración constituye el desabasto de medicamentos e insumos médicos.
Y el domingo 18, sin la presencia de Zoé Robledo, condenó la corrupción en las adquisiciones. Sin mencionarlo, se refería al priísta Roberto Madrazo Pintado y a su yerno Alexis Nickin Gaxiola, a quienes Robledo ha contratado, pese a las divergencias que la 4T mantiene con ellos.
En la próxima entrega, le platicaré del caso de la anestesia… fielmente retratado por los subordinados del todavía director general del IMSS en su investigación, una de cuyas copias obra en mi poder.
Pero, en tanto, ¿podría Robledo explicar por qué recientemente canceló los servicios integrales de anestesia?
(Continuará)
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