ASF investiga contratos y posibles conflictos de interés en el INE vinculados a Taddei

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió de oficio una investigación sobre presuntas irregularidades en contrataciones, conflictos de interés y posible triangulación de recursos públicos relacionados con el Instituto Nacional Electoral (INE), organismos electorales locales y empresas proveedoras. Las indagatorias ocurren en medio de señalamientos sobre funcionarios y personas del entorno de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

La ASF anunció que cuenta con elementos e indicios sobre posibles irregularidades en procesos de adjudicación, colusiones y manejo de recursos públicos. La revisión abarcará tanto a servidores públicos como a empresas privadas involucradas en las contrataciones examinadas.

Entre los antecedentes se encuentran contratos otorgados a Cajas Graf y Corporativo Zeg, empresas vinculadas con Jesús Octavio García González, exdirector de Administración del INE, quien anteriormente se desempeñó como representante legal de ambas compañías.

Según investigaciones periodísticas, García González dejó su cargo en abril de 2026, después de que se presentaran señalamientos por presunto conflicto de interés y abuso de funciones ante el Órgano Interno de Control.

Contratos electorales por más de 112 millones de pesos

Los reportajes mencionan adjudicaciones realizadas por organismos electorales de Chihuahua, Oaxaca y Sonora, cuyos montos conjuntos superan los 112 millones de pesos.

En Chihuahua, Claudia Arlett Espino, entonces presidenta del instituto electoral estatal, otorgó en 2021 un contrato por 33 millones 881 mil 653 pesos a Cajas Graf, cuando García González era representante legal de la empresa. Posteriormente, Espino ocupó la Secretaría Ejecutiva del INE, puesto al que renunció en septiembre de 2026.

En Oaxaca, Iliana Araceli Hernández Gómez, quien se desempeñaba como secretaria ejecutiva del organismo electoral local, firmó en 2024 un contrato por 32 millones 426 mil 445 pesos a favor de Corporativo Zeg. Actualmente ocupa la titularidad de la Unidad de Género del INE.

Otro antecedente corresponde a Sonora, donde el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana otorgó en 2021 un contrato por 46 millones de pesos a Cajas Graf, durante el periodo en que Guadalupe Taddei presidía ese organismo.

Las investigaciones periodísticas señalan que García González, Espino y Hernández Gómez fueron designados por Taddei para ocupar cargos en el INE. Estos antecedentes forman parte de los señalamientos públicos sobre las relaciones entre funcionarios electorales y empresas proveedoras, sin que las adjudicaciones mencionadas constituyan por sí mismas una determinación de responsabilidad.

Vínculos personales bajo cuestionamiento

La controversia también involucra al empresario José Alfredo Hernández Casillas, identificado como proveedor del INE y relacionado con las investigaciones sobre presuntas operaciones fraudulentas y contratos asociados con empresas factureras.

Latinus difundió videos y fotografías en los que Hernández Casillas aparece junto con Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la consejera presidenta, durante un viaje a París. El medio también publicó imágenes del empresario en compañía de Guadalupe Taddei y sus hijos en una residencia de Ciudad de México.

Estos materiales fueron presentados como parte de los reportajes sobre presuntos vínculos personales entre proveedores electorales y el entorno familiar de la presidenta del INE. Por su parte, el Observatorio Ciudadano del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA) solicitó investigar los hechos y deslindar responsabilidades. El organismo sostuvo que los señalamientos afectan la credibilidad institucional y pidió separar de sus cargos a las personas involucradas, así como proceder ante las autoridades correspondientes cuando existan elementos para ello.

INE respalda investigación y anuncia medidas de transparencia

Ante la apertura de las indagatorias, la Presidencia del INE manifestó su disposición a colaborar con la ASF y con el Órgano Interno de Control del instituto. En un comunicado difundido el 24 de octubre de 2026, la institución señaló que recibe la fiscalización con respeto y que considera la revisión congruente con su propia solicitud de auditar los procesos de licitación.

"Ningún proceso de contratación, persona servidora pública ni proveedor está por encima de la ley", sostuvo la Presidencia del organismo. 

El INE también informó que realizó relevos en áreas ejecutivas y administrativas. Indicó que mantendrá el respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso, por lo que evitará pronunciarse sobre casos particulares mientras se desarrollan las investigaciones.

Como parte de sus medidas de transparencia, anunció el micrositio "INE siempre a la vista, contigo en cada paso", destinado a permitir la consulta pública de contrataciones, montos, proveedores y documentación relacionada con los procedimientos administrativos.

La presidenta Claudia Sheinbaum también respaldó la realización de auditorías y sostuvo que no debe tolerarse ninguna sombra de corrupción en el instituto ni en otras instituciones del país.

La investigación de la ASF deberá examinar las posibles irregularidades señaladas y determinar, dentro de sus atribuciones, los hallazgos correspondientes. La Presidencia del INE reiteró que colaborará con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que pudieran existir.