Las cuentas pendientes del IMSS: de “ser como Dinamarca” a resolver crisis en 120 días

Después de casi ocho años de gobiernos de la Cuarta Transformación y siete años de Zoé Robledo al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el organismo anunció un plan emergente de 120 días para atender problemas estructurales como el rezago quirúrgico, la falta de especialistas, el deterioro de equipos, el desabasto de insumos y la saturación de los servicios de urgencias.

El programa, presentado el 27 de octubre durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contempla una inversión de 11,745 millones de pesos y la aplicación de 12 acciones entre el 27 de octubre de 2026 y el 24 de febrero de 2027, con el objetivo de mejorar la atención médica y las condiciones laborales del personal, en medio de protestas y reclamos por las carencias que persisten en unidades hospitalarias.

El anuncio contrasta con la promesa que el expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo desde el inicio de su administración: transformar el sistema de salud mexicano hasta alcanzar, e incluso superar, el modelo de Dinamarca, caracterizado por su cobertura universal y la calidad de sus servicios públicos.

Durante su último informe de gobierno, el 1 de septiembre de 2024, López Obrador sostuvo que el sistema mexicano no solo sería como el danés, sino que sería mejor; sin embargo, las quejas por la falta de medicamentos, las demoras en procedimientos quirúrgicos, la saturación hospitalaria y las deficiencias en infraestructura continuaron después de concluir su mandato.

Ahora, la administración de Sheinbaum y la dirección del IMSS plantean resolver en cuatro meses parte de los problemas que se han acumulado durante años; el propio Robledo reconoció deficiencias relacionadas con la falta de personal especializado, las plazas vacantes, el mobiliario obsoleto, las fallas en la distribución de medicamentos y las listas de espera para recibir atención médica.

Entre las medidas anunciadas destaca un incremento salarial de 8% para más de 504,000 trabajadores activos, distribuido en 4% al salario tabular y otro 4% como ayuda para renta; también se prevé otorgar bases laborales a 10,939 trabajadores eventuales, incluidos empleados contratados durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

En materia de atención médica, el plan considera la contratación de 2,500 especialistas, cuya convocatoria está prevista para el 3 de noviembre. Asimismo, contempla la adquisición de 100 equipos de alta tecnología, entre ellos 67 mastógrafos y 26 tomógrafos, además de más de 2,900 equipos adicionales y 18,000 camillas y camas para fortalecer la capacidad de las unidades médicas.

Otro de los compromisos es llevar a cabo más de 31,000 cirugías mediante jornadas extraordinarias y actividades durante los fines de semana, con el propósito de reducir el rezago quirúrgico; a esto se suman el mantenimiento emergente de instalaciones, la garantía de insumos y medicamentos, la apertura de agendas de especialidades durante el cierre de año y el fortalecimiento de los servicios de urgencias.

Robledo aseguró que las acciones surgieron de las demandas planteadas por los propios trabajadores durante recorridos por las unidades médicas y sostuvo que sus resultados deberán percibirse directamente en los hospitales; la inversión, explicó, se cubrirá mediante ahorros, nuevos esquemas de contratación, reducción de servicios subrogados y ajustes presupuestales.

No obstante, la presentación del programa ocurre después de semanas de inconformidad laboral por salarios, condiciones de trabajo y falta de recursos para atender a los derechohabientes; la basificación y el aumento salarial buscan responder a demandas acumuladas, mientras que la compra de equipo y las jornadas quirúrgicas pretenden enfrentar deficiencias que no se resuelven únicamente con anuncios presupuestales.

El reto será demostrar que las medidas se traducen en mejoras concretas para los pacientes; la contratación de especialistas, el abastecimiento de medicamentos y la reducción de las listas de espera requieren no solo recursos, sino también una ejecución eficaz, una distribución adecuada de insumos y una capacidad hospitalaria suficiente para responder a la demanda.

Así, el IMSS enfrenta una prueba de resultados: pasar de los anuncios de transformación del sistema de salud a resolver problemas cotidianos que afectan a millones de derechohabientes; el plan de 120 días representa una nueva apuesta del gobierno federal, pero también exhibe la distancia entre la promesa de contar con un sistema de salud de primer nivel y las carencias que la propia institución reconoce.

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El plazo concluirá el 24 de febrero de 2027, para entonces, los resultados deberán reflejarse en menos pacientes en espera de cirugía, mayor disponibilidad de especialistas, equipos funcionales y medicamentos suficientes; de lo contrario, el programa podría sumarse a una larga lista de compromisos que no lograron materializar la transformación sanitaria prometida durante el sexenio anterior.