Cada año, miles de niñas, niños y adolescentes viven en albergues y centros de asistencia social en México, pero solo una pequeña parte cuenta con las condiciones jurídicas necesarias para ser adoptada, y aunque existe la percepción de que el procedimiento es complicado, costoso y exclusivo para matrimonios, la realidad es que las personas solteras también pueden convertirse en madres o padres adoptivos y los trámites ante el DIF son gratuitos.
En el marco del Día Mundial de la Adopción, que se conmemora cada 9 de noviembre, surgen preguntas sobre los requisitos, los tiempos y las oportunidades que tienen quienes desean ofrecer un hogar a un menor de edad.
Uno de los principales mitos es que adoptar representa un procedimiento prácticamente imposible; si bien requiere valoraciones psicológicas, socioeconómicas y médicas, además de acreditar condiciones adecuadas para garantizar el bienestar del menor, no se trata de un trámite inaccesible.
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El proceso puede prolongarse varios meses o incluso entre dos y tres años, principalmente porque antes de concretar una adopción debe resolverse la situación jurídica del niño o adolescente.
Otro de los prejuicios es que se necesita una cantidad elevada de dinero para adoptar; sin embargo, los procedimientos institucionales ante el DIF son gratuitos y está prohibido cobrar por la entrega de un menor. Los solicitantes pueden enfrentar gastos indirectos relacionados con certificados médicos, estudios, documentos, traslados o asesoría jurídica, pero estos no representan un pago por la adopción.
También existe la creencia de que todos los menores que viven en un albergue pueden encontrar una familia mediante este procedimiento; esto es falso, para que una niña, niño o adolescente pueda ser adoptado debe contar con una declaratoria judicial de adoptabilidad, lo que implica que su situación legal esté resuelta y que se hayan agotado las posibilidades de reintegrarlo con su familia de origen o extensa.
Esta condición explica por qué miles de menores permanecen en instituciones sin que necesariamente puedan incorporarse a un nuevo hogar; a ello se suma que existe una mayor demanda de bebés y niños pequeños, mientras que los adolescentes, los grupos de hermanos y quienes presentan alguna discapacidad o condición de salud suelen enfrentar mayores dificultades para encontrar una familia.
Otro mito que persiste es que únicamente las parejas casadas pueden adoptar; en México, las personas solteras también tienen derecho a solicitar una adopción, siempre que cumplan con los requisitos legales y acrediten condiciones de idoneidad; en Puebla, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) contempla la participación de hombres y mujeres solteros, así como de parejas, sin que la orientación sexual sea un impedimento.
Entre los requisitos generales se encuentra tener al menos 25 años y acreditar una diferencia de edad mínima de 17 años respecto del menor, además de demostrar estabilidad económica, salud física y emocional y contar con un entorno que permita garantizar su desarrollo.
¿Existe una edad máxima para adoptar?
La legislación mexicana no establece un límite general aplicable a todos los casos, por lo que la valoración depende también de las disposiciones locales y de las condiciones físicas, emocionales y sociales de los solicitantes; no basta con cumplir una edad mínima: las autoridades deben determinar que existe capacidad para asumir la responsabilidad de crianza.
En Puebla, entre los requisitos señalados para iniciar el procedimiento están los 25 años cumplidos, la diferencia mínima de edad, ingresos comprobables y la aprobación de las evaluaciones correspondientes; el certificado de idoneidad tiene una vigencia de dos años y su expedición forma parte de un procedimiento institucional gratuito.
Pero detrás de los requisitos también existe una realidad que pocas veces ocupa el centro de la conversación: ¿qué sucede con quienes cumplen 18 años sin haber encontrado una familia?
Al alcanzar la mayoría de edad, los jóvenes deben iniciar su vida fuera de los centros de asistencia social y enfrentar retos como conseguir vivienda, incorporarse al mercado laboral, continuar sus estudios y construir redes de apoyo.
Aunque existen programas de preparación para la vida independiente, capacitación para el trabajo y educación financiera, las organizaciones especializadas advierten que estos acompañamientos no siempre son suficientes.
El panorama nacional refleja la dimensión del desafío. Estimaciones de organizaciones y reportes recientes ubican entre 29,000 y más de 30,000 niñas, niños y adolescentes viviendo en instituciones de asistencia social, aunque menos del 10 % contaría con una situación jurídica que permita avanzar hacia la adopción.
Entre abril de 2024 y abril de 2025 se concretaron 593 adopciones en el país: 564 nacionales y 29 internacionales, de acuerdo con cifras del DIF Nacional.
Más allá de las estadísticas, la adopción debe entenderse como una medida de protección de derechos y no como un acto de caridad ni una segunda alternativa para quienes desean formar una familia. Implica reconocer la historia de cada menor, respetar sus orígenes y construir vínculos afectivos con paciencia, responsabilidad y acompañamiento.
